¿Predecir el futuro de la abogacía en la era de la IA? Mejor construirlo
La inteligencia artificial ya no es una promesa: es un factor de riesgo jurídico. Hace unas semanas, el Consejo General del Poder Judicial sancionó a un magistrado de una audiencia provincial por utilizar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia.
No se trata de un episodio aislado. A ello se suman numerosos casos en los que se han presentado escritos procesales con referencias inexistentes o erróneas generadas por sistemas de IA. El investigador Damien Charlotin ha documentado ya más de mil casos de alucinaciones en procedimientos judiciales en todo el mundo. La cifra seguirá creciendo.
La IA está transformando el modo en que se ejercen las profesiones jurídicas, pero también interpela a los principios jurídicos, sociales y económicos sobre los que se asientan nuestras sociedades. En algunas jurisdicciones, los tribunales han considerado insuficiente la mera invocación de la automatización con IA para justificar la extinción de la relación laboral. Sin embargo, proliferan las noticias e informes que anuncian despidos masivos y una ralentización de las contrataciones.
La cuestión ya no es futurista. ¿Estamos preparados para un mundo en el que la IA democratiza el acceso al conocimiento? ¿Estamos preparados para un futuro en el que las profesiones basadas en el lenguaje ven automatizadas muchas de sus tareas? La respuesta dista de ser satisfactoria: no del todo. Pero debemos prepararnos. La profesión jurídica es un ejemplo especialmente claro de esta transformación.
La irrupción de la IA generativa en el derecho ha sido abrupta. Tareas que antes ocupaban horas se resuelven hoy en minutos. La productividad aumenta, pero también la exigencia: los clientes llegan con documentos generados por IA y expectativas más altas.
Si la abogacía se identifica con la producción de documentos jurídicos correctos, la IA compite directamente con el profesional. El abogado pasa de construir soluciones a validar resultados. Y en ese tránsito se erosiona algo esencial: el juicio.
Lisanne Bainbridge describió, allá por los años 1980, la paradoja de la automatización: al delegar las tareas rutinarias, el operador pierde oportunidades de ejercitar su criterio y queda expuesto cuando surgen excepciones. Lo que describió para la industria es hoy aplicable al jurista que delega sin comprender o interiorizar.
El uso de IA desplaza el esfuerzo cognitivo: se pasa de buscar a validar. Pero validar exige conocimiento. Para el experto, los errores son detectables; para el inexperto, no. A su vez, la evidencia demuestra que cuanto mayor es la confianza en la IA, menor es el pensamiento crítico aplicado.
A ello se añade la deuda cognitiva; es decir, la dependencia generada por la externalización del razonamiento. En su versión más extrema, se habla de rendición cognitiva: la tendencia a aceptar respuestas con mínimo escrutinio.
No obstante, el riesgo más profundo radica en tratar a la IA como un oráculo. Las predicciones se basan en el pasado; mientras que el derecho exige interpretar y adaptar normas a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, que es precisamente lo que ordena el artículo 3 de nuestro Código Civil.
Cuando un operador jurídico se limita a reproducir lo probable, reduce el derecho a lo ya existente. Pero la función jurídica consiste precisamente en proyectar el ordenamiento hacia lo nuevo. Ahí radica la diferencia entre predecir y juzgar.
La razón de ser de la abogacía es decidir con criterio y con capacidad de prevenir y adaptar la solución al caso concreto, sobre la base de un conocimiento sólido del derecho y de la comprensión del ordenamiento como sistema.
Pensamiento sistémico
Así concebida, la abogacía no solo resistirá a la IA, sino que la convertirá en su aliada para reforzar lo que ningún algoritmo puede sustituir: el pensamiento sistémico, el cual exige tanto la comprensión interdisciplinar de un mundo donde derecho, economía, tecnología y ética se solapan constantemente, como la adquisición de las competencias relacionales que ningún modelo replica. Para el aprendizaje de este pensamiento sistémico las asignaturas de corte humanístico son esenciales en los estudios de derecho.
El abogado del futuro no será quien recuerde más normas, sino quien sea capaz de formular mejores preguntas, de detectar incoherencias y de poner en práctica su criterio para ponderar soluciones y defenderlas con convicción. Para ello, el dominio del derecho seguirá siendo insustituible.
La IA obliga a redefinir el valor del abogado júnior. Las tareas que estructuraban los primeros años de carrera se automatizan. Pero esto no hace al júnior prescindible: lo obliga a evolucionar antes. Quien desarrolle criterio, quien asuma la responsabilidad de los resultados de los flujos automatizados a partir de la IA, y aquellos que sean capaces de comprender el contexto aportarán mayor valor diferencial. La IA no elimina la cantera; la exige mejor formada. Y esa exigencia empieza mucho antes de llegar al despacho.
Los abogados con estas competencias no serán sustituidos por la IA y serán muy valorados en sus funciones. Formarlos es el reto decisivo de las facultades de derecho: el objetivo no es crear usuarios de tecnología ni, mucho menos, convertir la facultad de derecho en un laboratorio de herramientas. El objetivo es formar juristas capaces de comprender sus límites, potencialidades e impacto en el razonamiento jurídico. Una universidad que forme en el uso de la IA sin cultivar el juicio crítico no estará formando abogados; estará entrenando autómatas del derecho.
La IA no reemplaza al buen jurista. Lo obliga a replantearse dónde reside su valor: en la interpretación, en el contexto, enla responsabilidad y en el juicio. La máquina puede ofrecer la respuesta más probable. Transformarla en una decisión correcta, defendible y justa sigue siendo una tarea humana. Y es precisamente ahí donde la abogacía no solo resiste, sino que se redefine.