Guerra en Oriente Próximo: ¿hay margen para la política económica en Europa?

Conforme la guerra en Oriente Próximo se alarga sin un horizonte claro, crecen las dudas sobre el riesgo de estanflación, una de las situaciones económicas que más inquietud generan a los gobiernos y los bancos centrales, responsables de intentar mitigar el impacto de un entorno geopolítico cada vez más inestable.

La inversión empresarial y la confianza de los consumidores son poco amigas de las situaciones de incertidumbre. Tampoco contribuye a estabilizar las expectativas el nuevo liderazgo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump alterna anuncios en direcciones opuestas en cuestión de horas, alimentando la volatilidad de las Bolsas, los mercados de bonos y de materias primas estratégicas, como el petróleo.

La estanflación supone una combinación de falta de crecimiento económico y elevada inflación. La razón es clara: el encarecimiento de la energía –gas y petróleo–, y de insumos clave como los fertilizantes se traslada a los costes de producción, estrecha los márgenes empresariales y termina repercutiendo, al menos parcialmente, en los precios finales. Como consecuencia, el consumidor paga más por su cesta básica, se empobrece, lo que reduce su gasto en otros bienes y servicios. Esa contracción de la demanda termina afectando a la producción y al empleo.

Ante una situación así, los gobiernos pueden tratar de fomentar la economía a través de políticas expansivas: subsidios para los sectores más afectados, como los transportistas o agricultores, reducciones temporales de impuestos o, incluso, una mayor inversión pública para sostener la actividad. En España, el Gobierno redujo el IVA que se aplica a los combustibles, mientras otros países europeos han decidido aplicar medidas como la rebaja de impuestos especiales, ayudas directas a los consumidores más desfavorecidos o mecanismos de limitación de precios. Sin embargo, la posibilidad de realizar políticas fiscales dependerá del nivel de endeudamiento y de la confianza de los mercados en los gobiernos para devolver esa deuda. Un aumento sostenido de la deuda pública puede llevar a incrementos de la prima de riesgo y a encarecer la financiación de la deuda pública en una Europa ya notablemente endeudada. De momento, los datos disponibles apuntan a que este efecto ha sido moderado.

La situación de partida no es buena. En un reciente informe, el Fondo Monetario Internacional advertía del importante endeudamiento de algunas economías europeas. En Francia, la deuda pública ha pasado en una década de situarse por debajo del 100% del PIB a alcanzar el 113%. Un caso interesante es Finlandia: su deuda pública roza ya el 90% del PIB, cuando hace diez años se aproximaba al 60%. Precisamente, ese 60% era el umbral fijado como referencia para formar parte de la zona euro, un valor que desde hace tiempo es una quimera. Grecia ostenta el récord, con una deuda pública superior al 150% de su PIB, pero también rebasan el 100% Italia, Francia, Bélgica, España y Portugal.

Estos niveles de endeudamiento son, en buena medida, fruto del esfuerzo realizado para hacer frente a los sucesivos shocks: la crisis generada por el Covid o las medidas adoptadas para moderar el impacto negativo de la inflación causado por la guerra en Ucrania. A ello se suma una tendencia creciente hacia un mayor gasto militar: basta con ver la presión de Trump a los miembros de la OTAN o el cambio de política en defensa que se atisba en la Unión Europea.

El problema es que todo ello coincide con un contexto de crecimiento débil. Alemania, que considerábamos la locomotora europea, apenas ha registrado tasas interanuales por encima del 0,5% en los últimos trimestres. Un bajo crecimiento económico no genera margen para el aumento de ingresos, y la espada de Damocles del pago de las pensiones contribuye a dificultar el margen de maniobra de la política fiscal.

Dilema inflacionista

Respecto a la política monetaria el problema es el aumento de la inflación. En enero, la inflación de la zona euro se situaba en un cómodo 1,7%, por debajo del nivel del 2% que se considera estabilidad de precio, pero los acontecimientos recientes han llevado a la inflación en marzo al 2,6%, y muchos analistas coinciden en pronosticar niveles cercanos al 3%. El Banco Central Europeo se enfrenta a un dilema clásico: si la inflación es del 3% se verá obligada a endurecer su política monetaria. Si los tipos de interés aumentan, también lo harán los costes financieros de empresas endeudadas y de las familias con hipoteca. Pero no es una medida que ataque el problema de raíz: un tipo de interés más alto no tiene que ver con que los barcos circulen en el estrecho de Ormuz, o con que volvamos a producir gas a los niveles previos a la guerra. No subir el tipo de interés iría en contra del mandato principal del BCE: la estabilidad de precios.

El siglo XXI está siendo un circuito de obstáculos para las economías europeas: crisis de 2008, crisis de la deuda soberana, Covid, guerra en Ucrania, aranceles o no aranceles de Trump, y la situación en Oriente Próximo que no sé cómo calificar. Por acabar con una nota positiva, a pesar de las dificultades de la política económica, Europa también ha mostrado resiliencia, capacidad para defender su modelo y seguir siendo una zona del mundo donde vale la pena vivir.