El caso Sacyr y alguno más
El descalabro producido en las obras del canal de Panamá evidencia la necesidad de que las administraciones públicas observen una extrema cautela antes de intervenir. Las dificultades por las que ha pasado el grupo Sacyr son bien conocidas y sus conexiones políticas, también.
En una de sus desafortunadas iniciativas en el campo empresarial, el ejecutivo Zapatero intentó interferir en el gobierno de uno de nuestros grandes bancos. El intento fracasó, pero el gobierno siempre consideró a Sacyr "too big to fail".
Las entidades acreedoras de la constructora contribuyeron también a darle respiración asistida. En ese contexto, Sacyr logró, con gran sorpresa para muchos, entre los que me incluyo, la adjudicación de las obras del canal de Panamá a un precio que ahora se demuestra inasumible. No procede aquí pronunciarse sobre quién fue el culpable, si el Estado panameño o el consorcio liderado por Sacyr. Lo que sí se evidencia es que la oferta era demasiado arriesgada.
Es un caso típico de moral hazard (riesgo moral), en el que el riesgo lo asume uno y las consecuencias las pagan otros. Dada la situación difícil en la que se hallaba al formular la oferta, si prosperaba y el Estado panameño acababa asumiendo las previsibles desviaciones, ganaba Sacyr y sus accionistas. Si no, pagan terceros.
El tema no tendría mayor repercusión si queda como una cuestión privada. El problema es que la obra tiene una dimensión global, con consecuencias muy dañinas para España si se resuelve mal y ya empiezan a sonar cantos de sirena de apoyo público.
La marca España puede ser dañada. El Gobierno ya está haciendo mucho, tal vez más de la cuenta, en intermediar para la resolución de la disputa, pero en ningún caso debiera costar ni un euro a los contribuyentes.
Lo que seguirá dañando la marca España es que haya empresas constructoras españolas que vayan por el mundo presentando ofertas que no pueden cumplir. Máxime si confían en que se las rescatará.
En Catalunya ya vivimos la triste experiencia de una empresa que no podía caer para que el aeropuerto de Barcelona no resultara dañado. Para ello, la Generalitat cometió el inmenso error de tomar el control de Spanair e inyectarle fondos que la mantuvieron como una empresa zombie hasta que se evidenció su falta total de viabilidad.
Desde su caída, el tráfico en nuestro aeropuerto no ha hecho más que crecer, desmintiendo tajantemente las lúgubres predicciones.
La función de los poderes públicos debe ceñirse a ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y un entorno macroeconómico favorable al desarrollo de la iniciativa empresarial. Las buenas empresas lo agradecerán y las que no, deberán prever las consecuencias.
