Policy Brief: El Industrial Accelerator Act

La propuesta de la Industrial Accelerator Act (IAA) presenta una nueva arquitectura en la política industrial europea. La propuesta presentada por la Comisión Europea persigue varios objetivos conexos: recuperar capacidad productiva, acelerar la descarbonización y reforzar cadenas de valor estratégicas en Europa. El reglamento establece como referencia que el PIB industrial alcance al menos el 20% del total de la Unión Europea (UE) en 2035, tras haber descendido del 17,4% en 2000 al 14,3% en 2024. Para ello, la IAA articula instrumentos como la contratación pública, las ayudas de Estado, la inversión extranjera o los permisos de actividad para crear demanda de productos industriales siguiendo dos criterios: que sean bajos en carbono y de origen europeo (Made in Europe). Ahora, en el momento en que la propuesta está siendo debatida, se plantean diversos interrogantes.

Los retos de la IAA

Las condiciones materiales de cumplimiento. La dependencia exterior de muchos de los sectores afectados y el carácter estático de los umbrales presentan distintos grados de dificultad para la adaptación y el cumplimiento. Los incentivos económicos son tan necesarios como la regulación para conseguir los objetivos finales.

Alcance de la norma. El conjunto de sectores cubiertos por la propuesta representa el 15% de la producción industrial europea. Sin embargo, dichos sectores tienen un efecto amplio sobre el tejido productivo y en la economía por afectar a la construcción de infraestructuras, la movilidad y el transporte, el suministro energético o la defensa. Aún así, en varios de estos sectores, el alcance de la norma podría no ser lo suficientemente amplio para provocar un impacto en los incentivos de mercado.

Las condiciones de la IAA afectan principalmente a la economía China, que alcanza el 60% de producción y cuota de mercado global en la mayoría de los sectores cubiertos por la norma. La respuesta de China se ha dirigido a proteger a los inversores chinos de las obligaciones de compartir datos sobre capital, tecnología, propiedad intelectual y activos estratégicos en otras jurisdicciones. La Comisión Europea argumenta que las medidas de la IAA son recíprocas, equiparables y tienen el objetivo de fortalecer la capacidad productiva y no de discriminación comercial.

La equivalencia de origen con los socios comerciales de la UE. Es otro los aspectos más debatidos y presenta dos riesgos: uno es que los socios comerciales queden fuera del “made in Europe”, afectando a las relaciones y compromisos adquiridos. El otro, es que la IAA se abra excesivamente a que el contenido procedente de terceros países con acuerdos comerciales pueda considerarse equivalente al criterio de origen UE.

La distinción entre tecnologías críticas como baterías y, por otro lado, tecnologías convencionales cuya dependencia de proveedores extranjeros no supone un riesgo para la seguridad económica, como es el caso de paneles fotovoltaicos. La IAA no realiza esta distinción que podría ser clave a la hora de determinar el objetivo de localización según el riesgo de seguridad económica.

La brecha de financiación pública. Según la OCDE, entre 2005 y 2024, los sectores industriales chinos recibieron entre 3 y 8 veces más apoyo financiero público que en el caso de países de la OCDE. La inversión total china, pública y privada, en tecnologías de la descarbonización y energías limpias fue de 680.000 millones de dólares en 2024. Mientras que esa cifra de inversión total fue de 370.000 millones en la UE, un 45% inferior. El déficit de financiación pública en la UE es un obstáculo estructural para la aceleración de la conversión industrial.

Las propuestas de EsadeGeo