Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico

El envejecimiento de la población plantea uno de los retos fiscales más importantes a los que se enfrenta España en las próximas décadas. Este policy brief aplica la metodología de las Cuentas Nacionales de Transferencia (NTA, por sus siglas en inglés) para cuantificar cómo se distribuyen los impuestos pagados y las prestaciones públicas recibidas a lo largo del ciclo vital en España en 2024.

El ciclo vital fiscal:

→   Un individuo representativo es receptor neto del sector público durante la infancia y la vejez, y contribuyente neto durante la vida laboral.

→   En promedio, el saldo fiscal asignable por edad alcanza su máximo en torno a los 50 años, con una aportación neta positiva de aproximadamente 11.000 euros anuales, y cae a un déficit de unos 16.000 euros al llegar a los 70, cuando el cese de la actividad laboral coincide con el inicio de la percepción de pensiones.

→   El 41 % de la población española presenta un saldo fiscal neto positivo. Esta proporción sube al 68 % entre los adultos de 25 a 64 años y cae por debajo del 10 % en los extremos del ciclo vital, reflejando el diseño de nuestro Estado del bienestar.

El saldo fiscal asignable por edad:

→   Bajo un ejercicio que aplica los perfiles fiscales actuales al conjunto del ciclo vital, el saldo neto de un individuo representativo nacido en 2024 sería negativo en torno a 140.000 euros en valor presente.

→   En términos agregados, los impuestos considerados no cubren el gasto público asignable por edad: el saldo fiscal asignable por edad fue negativo en 2024, situándose en torno a 30.213 millones de euros (1,9 % del PIB).

→   Este indicador no equivale al déficit (o superávit) público total, sino al saldo de las partidas de ingresos y gastos que pueden asignarse por edad bajo esta metodología (un 85 % del total).

La proyección a 2050:

→   Una simulación para observar qué ocurriría con el saldo fiscal asignable por edad si el sistema actual operara sobre la estructura demográfica proyectada para 2050 arroja un saldo fiscal asignable por edad negativo de entre el 6,1 % y el 8,5 % del PIB, dependiendo del escenario migratorio.

→   Esta magnitud refleja un doble efecto: el peso de las cohortes del baby boom desplazándose hacia las edades de mayor gasto público, y la menor representación de las cohortes en edad de trabajar como consecuencia de décadas de baja fecundidad.

→   Como análisis de sensibilidad, al aplicar supuestos alternativos sobre la evolución relativa de pensiones, sanidad e IRPF, el deterioro estimado se atenúa. En el escenario central, el saldo fiscal asignable por edad pasaría de −6,8 % a −3,2 % del PIB contrafactual de 2050.

El papel de la educación, la inmigración y la fecundidad:

→   Entre los 30 y los 54 años, el saldo fiscal neto medio es de 15.900 euros anuales para una persona con estudios superiores, 6.300 euros para quien tiene bachillerato o FP media y 2.500 euros para quienes no superan la ESO.

→   El mayor nivel educativo de las cohortes jóvenes compensa parcialmente el efecto del envejecimiento, aunque no basta por sí solo para revertir la brecha estimada.

→   Pasar de un escenario de saldo migratorio nulo a uno moderado (330.000 personas anuales, la media de 2000–2024) reduce el déficit simulado en 1,7 puntos del PIB. Sin embargo, aumentar ese flujo migratorio a 550.000 personas (media de 2021-2024) solo recorta siete décimas adicionales.

→   El ejercicio asume que los nuevos inmigrantes replican el nivel educativo de la población ya residente nacida en el extranjero, que tiene una menor tasa de educación superior y, por tanto, saldos fiscales per cápita inferiores a los de la población nativa. Esta contribución podría aumentar con una eventual convergencia asociada a políticas educativas y de inserción laboral/profesional a tal efecto.

→   En todo caso, la ventaja demográfica de la inmigración es transitoria: los inmigrantes que hoy se encuentran en edad de trabajar con el tiempo se jubilarán.

→   En el horizonte hasta 2050, una mayor natalidad aumentaría primero la población infantil dependiente, resultando en un deterioro del saldo fiscal.

→   Los efectos positivos de una mayor natalidad se materializarían durante la segunda mitad del siglo XXI.

El origen del desequilibrio:

→   Estos resultados desplazan el foco de la estructura poblacional hacia el diseño del gasto público sensible al ciclo vital, y especialmente hacia las pensiones contributivas, la partida más significativa y la de mayores implicaciones intergeneracionales.

→   Las reglas actuales del sistema de pensiones implican una rentabilidad real implícita estimada en torno al 2,61 % anual, por encima del crecimiento real de los ingresos del sistema (1,4 % anual entre 2005 y 2024).

→   Esta brecha define la tensión estructural de sostenibilidad y se trasladará al presupuesto público de forma creciente a medida que las cohortes del baby boom completen su transición a la jubilación.

Tres líneas de reforma:

Apuntamos tres líneas de reforma complementarias que los responsables de política económica deberían considerar:

→   Elevar la participación laboral en edades avanzadas. Entre los 55 y los 64 años, cada empleado supone un saldo fiscal neto unos 19.000 euros mayor al año. Si España convergiera al percentil 75 de la distribución europea de tasas de empleo en ese tramo, la recaudación neta aumentaría en unos 14.000 millones de euros (0,9 % del PIB).

→   Introducir mecanismos que vinculen la edad efectiva de jubilación a la longevidad, con salvaguardas de salud, ocupación y trayectoria laboral, como han hecho ya otros países europeos. De esta forma, los incrementos de longevidad se repartirían de manera predecible y transparente entre años adicionales de actividad y años adicionales de prestación.

→   Transitar gradualmente hacia un sistema público de cuentas nocionales de contribución definida como una alternativa para reforzar la sostenibilidad actuarial del sistema. Este sistema haría explícita y coherente la relación entre cotizaciones y prestaciones, alineando la rentabilidad implícita del sistema con la capacidad real de financiación de la economía.

Las tres líneas de reforma comparten un denominador común: distribuir los costes del envejecimiento de forma predecible y equitativa entre generaciones, evitando que se trasladen de forma menos visible a las generaciones futuras a través de mayores niveles de deuda.