Expertos alertan en ESADE de que la reforma laboral no ha cumplido todos sus objetivos y que ha de ser un aliciente para proteger al trabajador y crear empleo
Expertos del sector jurídico han coincidido en señalar, en el transcurso de un acto organizado por la Facultad de Derecho de ESADE y Cuatrecasas, que los cambios en el control judicial antes y después de la reforma laboral "son imperceptibles". Tras más de dos años vigente, "la ambigüedad y la poca precisión de la reforma provocan en el sector riesgos en la interpretación del mercado del trabajo, que afectan a los empleados y a las empresas", han afirmado ante cerca de 200 abogados y especialistas jurídicos.
Desde una perspectiva global y sin detenerse en los resultados actuales, Joan Aregio, secretario de Empleo y Relaciones Laborales de la Generalitat de Catalunya, ha señalado que "los objetivos de la reforma laboral eran reducir el paro y crear empleo, así como acercar el mundo de la empresa y del trabajo". En este sentido, "parece que sí se han cumplido los objetivos", puesto que la reforma "ha ayudado a crear empleo en un momento de lenta recuperación económica" y, a largo plazo, puede resultar todavía más positiva.
Aregio ha añadido que, en el momento en que se planteó la reforma, "no se le podían pedir milagros", y ha recordado que los últimos datos de la EPA son positivos. Sin embargo, ha lamentado la destrucción de empresas en determinados sectores en los últimos años, aunque considera que, "gracias a la reforma laboral, algunas han podido salvar los aspectos productivos". Las certezas y la búsqueda de una mejor interpretación de la reforma laboral permitirán aplicarla cada vez mejor, ha concluido Aregio.
Por su parte, Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de ESADE y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, ha apelado al carácter metalegal y metajurídico con vistas a la revisión del texto, que debería ser más claro y adecuado para la práctica, aunque ha señalado el aspecto positivo de que "el reformador de 2012 no cayó en la inconstitucionalidad", aspecto que se había puesto en duda hasta ahora.
Proceso de ósmosis
Asimismo, Salvador del Rey ha instado a identificar los problemas que la reforma ha generado y que repercuten sobre los trabajadores. Según el catedrático de ESADE, debería realizarse un "proceso de ósmosis" y sería interesante saber por qué se genera indefensión en los trabajadores. Además, ha añadido que el legislador debería aclarar qué es "puntual, temporal, transitorio o cerrado", para subsanar ambigüedades en materia de trabajo, así como detallar un horario dentro del calendario laboral. En este sentido, ha recordado que "nuestro derecho no prevé el derecho de opción como se reconoce en el ámbito alemán" y, pese a que se está avanzando en el tema, todavía "quedan cuestiones abiertas".
Según Esther Sánchez, profesora de ESADE, todo pasa por "rendir cuentas a quien tiene la competencia de hacer la ley". Según la experta en derecho del trabajo, "ha habido un satélite de "lobbies" de diferente naturaleza que han dificultado identificar el objetivo que pretendía el legislador". Sánchez considera que "no todo vale", y ha propuesto que se pueda plantear una mejora estratégica de la reforma en el marco de la competitividad, con dinámicas de participación.
Comunicación con el trabajador
Rosa María Virolés y María Lourdes Arastey, magistradas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, han planteado las cuestiones críticas de los despidos colectivos, en cuanto a la duración y a la forma de llevar a cabo las consultas a los trabajadores, la comunicación con ellos y los criterios de selección. Según Virolés, "es necesario llevar a cabo una negociación auténtica, inspirada en la buena fe, para llegar a un acuerdo". Ambas magistradas han señalado que el trabajador ha de recibir información si un despido colectivo le puede afectar: "para poder impugnar, el trabajador debe tener un conocimiento exacto y concreto de lo que le pueda afectar a él". Por su parte, Arastey ha insistido en que "todo lo que sea sensible a la vida del trabajador debe serle comunicado". Entre otras cuestiones, se han tratado aspectos referentes a los planes de recolocación y a la flexibilidad interna, en un contexto de reestructuración.
Sara Pose, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha destacado algunos puntos de choque con otras áreas y ha defendido "no dejar solo en manos de una de las partes los puntos que están en los estatutos de los trabajadores para salvar la situación de desprotección".
Finalmente, Eduardo Berché, decano de la Facultad de Derecho de ESADE, se congratulado de las jornadas de reflexión de ESADE sobre distintos ámbitos del derecho, pues se han convertido en un referente para el sector.
