Las cuentas de los partidos políticos
En una reciente encuesta entre empresarios, más de un 70% de ellos respondía que uno de los factores que más directamente afecta las expectativas económicas de sus empresas es el clima de corrupción política. La corrupción genera inseguridad, retrayendo tanto la inversión como la creación de empleo. Y creo que existe un consenso ampliamente compartido de que la principal fuente de corrupción en nuestro país deriva de la financiación a los partidos políticos.
Los casos han sido tan abundantes y la alarma social creada tan devastadora que sólo hay que leer cualquier encuesta de valoración de los líderes políticos para percatarnos del nivel de descrédito al que se ha llegado. No obstante, sería un gravísimo error caer en la descalificación de género. No todos, ni siquiera la mayoría de los políticos son corruptos. Los políticos son fiel reflejo de la sociedad que los genera. Y nuestra sociedad, cuando opera en el sector privado, no produce estructuras de corrupción sistemática. Hay casos de corrupción privada, pero no son la norma sino la excepción.
Tampoco los funcionarios ni los jueces son sistemáticamente corruptos. Podemos tildarlos de influenciables o excesivamente politizados. Pero pocas veces surgen escándalos en los que se desvelen sobornos judiciales. Muy pocos si los comparamos con los casos de pagos oscuros a los partidos a cambio de favores. Y con la corrupción del partido viene la corrupción de los que controlan el aparato, extendiéndose la sospecha a todos los que lo integran.
Como respuesta a ello y, muy particularmente al escándalo Bárcenas, el pasado 20 de septiembre el consejo de ministros aprobó un paquete de medidas de “Regeneración Democrática¿ (así las autocalifica el gobierno), entre las que destacan las encaminadas al control de la actividad económica de los partidos políticos. Un compendio que oscila entre lo decepcionante y lo desolador, claramente dirigido a perpetuar el sistema sin cambiar nada sustancial.
El eje de la reforma se centra en la regulación de la figura del “responsable de la gestión económico-financiera¿. Es decir, ya que el problema es el tesorero, generemos un catecismo para que se lo aprenda debidamente. Digámoslo claro, por mucho que regulemos sus funciones y le impongamos obligaciones, si el responsable económico del partido no tiene controles externos eficientes, volverá a cometer irregularidades. Como las cometieron anteriores tesoreros del PSOE y de los partidos nacionalistas.
Se propone al respecto que el control externo se efectúe por medio de comparecencias anuales de dicho cargo ante el congreso de los diputados. Eso tampoco va a funcionar. Comparecer anualmente ante sus señorías, todos ellos militantes de los partidos cuya financiación gestionan los respectivos tesoreros no va a aportar mayor fiabilidad. Prosigue el decálogo con la “obligatoriedad de presentación de cuentas¿. Adivinen ante quién. Cómo no, ante el Tribunal de Cuentas. Sí, esa eficiente institución integrada por una serie de “good old boys¿ de los propios partidos, que revisa las cuentas con más de cuatro años de retraso y rara vez plantea objeciones. Siguen una serie de hasta 18 medidas, a cual más etérea e insustancial. ¿Por qué se empeñan en engañarnos de una manera tan vil? ¿Por qué no surge en nuestro arco parlamentario ninguna voz que apueste por la transparencia de verdad? Lamentablemente en esto no hay “hechos diferenciales¿.
La solución es fácil y está largamente probada en el sector privado. Se compone de tres elementos: (i) información suficiente; (ii) fiabilidad y (iii) publicidad.
Para que la información sea suficiente debe ser objeto de regulación. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuáles son las fuentes de ingresos de los partidos, identificando todos y cada uno de ellos, sin partidas anónimas. También nos interesa conocer en qué se gastan la financiación que obtienen, mayoritariamente provinente de nuestros impuestos.
La fiabilidad la dan los auditores independientes. Seguir confiando la revisión de las cuentas de los partidos políticos al Tribunal de Cuentas supone una broma de mal gusto. Contamos con una profesión regulada, los auditores de cuentas, que se dedican precisamente a ello. Alguien me puede argumentar que también se equivocan y es cierto, pero todos sabemos que unas cuentas auditadas presentan un grado de fiabilidad mucho más alto que las que no lo están. El auditor no puede ser cualquiera, pues por desgracia es fácil encontrar algún “firmón¿ dispuesto a poner su rúbrica a cambio de una buena minuta. Debe establecerse un sistema de designación por sorteo entre las principales auditoras del país y un estricto sistema de rotación. Y debe imponerse que las auditorías den opiniones limpias y sin limitaciones de alcance.
Y una vez auditadas, las cuentas de los partidos deben ser públicas, como lo son las de todas las empresas. La publicidad se puede instrumentar a través de una web habilitada al efecto que proporcione su acceso gratuito a cualquier ciudadano, con bloqueo automático de la financiación pública para quien no publicite sus cuentas en plazo.
Vean qué fácil, igual que hacen los empresarios cada año. Y la calidad institucional de nuestro país ganaría muchos enteros. En beneficio de todos y con una regeneración democrática de verdad.
