Cuando la sociedad empieza a ver normal lo que jamás debería serlo

En los últimos años han surgido propuestas inmobiliarias que permiten comprar una habitación dentro de un piso compartido, casi como si se tratara de un producto independiente del resto del hogar. Lo que hace apenas una década habría parecido una ocurrencia marginal o incluso un síntoma de desesperación, hoy comienza a presentarse como una opción “moderna”, “creativa” o, peor aún, “realista” frente a los precios desorbitados de la vivienda. Y esa normalización tan rápida debería preocupar. No porque quienes aceptan esta fórmula estén cometiendo un error individual, sino porque la propia sociedad empieza a ver razonable algo que, en esencia, no lo es.

La vivienda siempre se ha entendido como un espacio donde una persona o una familia puede vivir con un mínimo de estabilidad, privacidad y autonomía. Proponer la compra de una sola habitación, cocina, salón y baños compartidos con desconocidos, supone un recorte drástico de esa idea. El hogar deja de ser una unidad completa y pasa a reducirse a un cuarto y un pasillo. La vivienda entera, lo que siempre se ha considerado un derecho básico, queda implícitamente reservada para quienes puedan permitirse pagar el precio inflado del mercado. Esta operación transmite un mensaje implícito pero muy claro: “Si no puedes pagar una vivienda digna, al menos podrás ser propietario de un cuarto”. La propiedad, en este contexto, se convierte en un consuelo simbólico, una especie de placebo que aparenta seguridad pero que no garantiza lo que históricamente justificó el valor de un hogar: autonomía, estabilidad y un espacio propio en el sentido pleno de la palabra.

Uno de los argumentos más repetidos para justificar este modelo es que permite a la gente joven “entrar en el mercado” y dejar de pagar alquiler. Sin embargo, si se observa con un mínimo de distancia, esta promesa se deshace con facilidad. Para empezar, comprar una habitación sigue estando fuera del alcance de las personas con salarios bajos o inestables. No es una solución para quienes realmente padecen la exclusión residencial, sino una vía pensada para quienes ya cuentan con ahorros o apoyo familiar. Es decir: no amplía derechos, solo rebaja el tamaño del producto al que se puede aspirar.

Ser propietario de una habitación tampoco resuelve las dinámicas de convivencia forzosa. Compartir zonas comunes implica depender de acuerdos colectivos, adaptarse a las rutinas de otras personas, lidiar con normas y límites que no siempre son consensuados. Lejos de otorgar más libertad, la fórmula puede introducir nuevas tensiones: desacuerdos sobre gastos, reparaciones, usos del espacio o simplemente estilos de vida incompatibles. Y a eso se suma un problema difícil de ignorar: vender una habitación no es tan sencillo como vender una vivienda completa. Su valor está ligado a algo tan frágil como la disposición de convivir con desconocidos. Puede convertirse en una inversión de la que resulta muy complicado salir.

Todo esto hace que el fenómeno más preocupante no sea la fórmula en sí, sino la rapidez con la que la sociedad empieza a asimilarla. A fuerza de ver precios imposibles y ofertas cada vez más reducidas, el listón de lo aceptable se va rebajando. Lo que antes habría provocado rechazo o incluso indignación, ahora se observa como una oportunidad o, como mínimo, como un mal menor. Pero esta normalización tiene un coste social evidente. Cuando la idea de vivir permanentemente en una habitación compartiendo cocina y salón se acepta como algo “lógico”, se deja de defender un estándar mínimo para todas las personas. La precariedad deja de interpretarse como un problema colectivo y pasa a verse como una cuestión individual. Cada cual debe arreglárselas como pueda, aunque lo que se ofrezca esté lejos de ser digno. Este cambio cultural es especialmente peligroso porque erosiona la noción de vivienda como derecho básico y refuerza la visión de la vivienda como un bien estrictamente mercantil. Quien pueda pagar una habitación tendrá una habitación; quien pueda pagar un piso entero tendrá un piso entero; y quien no pueda pagar nada quedará, sencillamente, fuera del sistema. Esa segmentación tan clara y tan aceptada revela una fractura social de fondo. El verdadero problema no es la existencia de soluciones como la compra de habitaciones, sino que se presenten como si fueran respuestas suficientes a una crisis que es, en realidad, estructural. El origen del problema sigue siendo el mismo: falta de vivienda asequible, políticas públicas insuficientes, especulación creciente y una desigualdad que no deja de ampliarse. Sin enfrentar estas causas, cualquier parche, por ingenioso que parezca, solo sirve para desplazar la frontera de lo tolerable.

Que esta opción se esté planteando como alternativamuestra hasta qué punto ha avanzado la crisis. No se trata de una innovación; es un síntoma. No es una solución; es una señal de alarma. El riesgo no está únicamente en que estas propuestas existan, sino en que dejen de verse como una anomalía. Una habitación no es una vivienda, igual que un fragmento de un derecho no equivale al derecho completo. Normalizarlo significa aceptar una degradación silenciosa pero profunda: la renuncia colectiva a la posibilidad de vivir con dignidad.