La gran oferta de empleo público
Un primer tema de comentario podría referirse al impacto de lo pactado sobre la magnitud del empleo público del país. Afirman los sindicatos que el objetivo es recuperar 300.000 puestos de trabajo perdidos por los recortes derivados de la crisis económica.
Sin embargo, como pone de manifiesto el estudio elaborado recientemente por ESADE para el Instituto de Estudios Económicos (“El empleo público en España: desafíos para un Estado democrático más eficaz), el número de empleados públicos aumentó en más de 250.000 puestos durante los tres primeros años (2009-2011) de la recesión, mientras en el país se estaban destruyendo millones de empleos. Y fue sólo a partir de 2012 cuando se produjeron disminuciones en la cifra global de empleos, que empezó a repuntar luego con la recuperación económica.
En la actualidad, la cifra agregada de nuestro empleo público es aproximadamente la misma que en 2008. Esto es, la recesión no habría tenido –al margen de fluctuaciones al alza y a la baja- un impacto apreciable sobre la magnitud de las dotaciones en el sector público.
Por otra parte, los empleos que el acuerdo prevé cubrir en los próximos tres años (unos 250.000) no derivan de la creación de nuevos puestos de trabajo sino de la conversión en fijas de posiciones cubiertas actualmente por personal interino o de la cobertura de vacantes que se hayan producido anteriormente.
Por consiguiente, estamos hablando de una operación de consolidación de empleos que relaja los criterios de ajuste utilizados durante estos últimos años, pero no de la creación de empleo público nuevo. La insistencia del Ministerio en afirmar que no se producirán incrementos de gasto público abunda en este enfoque.
Así las cosas, lo que la iniciativa parece afrontar es uno de los problemas que presenta nuestro empleo público, y que subraya el estudio citado anteriormente: el de una excesiva temporalidad, superior a la de los países de nuestro entorno, que afecta en especial a algunos sectores como la sanidad, la justicia y la enseñanza no universitaria. Es precisamente este objetivo –elogiable, de entrada- el que nos plantea alguna inquietud sobre el carácter meritocrático del proceso que se abre.
Afirma el Ministerio que todos los puestos serán objeto de convocatoria pública abierta y regida por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. No podría ser de otro modo. Ahora bien, a continuación, se añade que en el proceso de selección se introducirá una valoración del tiempo de servicios prestados interinamente. Este cómputo favorecerá, como es obvio, a aquellos que ocupan los puestos en la actualidad. Y se explicita, además –blanco y en botella…, pensará alguno- la previsión ministerial de que la gran mayoría de estos empleados podrán consolidar su empleo.
A nuestro juicio, esto plantea dos potenciales problemas. El primero, la frustración de las legítimas expectativas de muchos aspirantes –miles, tal vez- a quienes se convocará a un proceso en el que difícilmente van a competir en condiciones de igualdad. El segundo, que este desequilibrio pueda favorecer a empleados cuyo acceso a la posición interina –que ahora se convierte en fija- se produjo tal vez en procesos que no garantizaron debidamente los criterios de mérito, como es, por desgracia, frecuente en muchos sectores de nuestra Administración para este tipo de empleos supuestamente transitorios.
Por otra parte, el estudio ESADE-IEE señala otros dos problemas de nuestro empleo público. Uno es el significativo envejecimiento de las plantillas: El 63 por ciento de los empleados actuales tiene más de 50 años. Desde 2014, el número de empleados públicos de más de 60 años es superior al de los menores de 30, y el desequilibrio va en aumento. Otro es el déficit de cualificación que implica el peso excesivo de los empleos con requerimientos de titulación media y media-baja, si lo comparamos con los países que nos sirven usualmente como referentes.
Nos gustaría pensar que los procesos que van a ponerse en marcha tras el acuerdo van a contribuir a reducir, además de la temporalidad, estos dos tipos de desequilibrio. Sería bueno que las posiciones ofertadas correspondieran en su totalidad a actividades de alta cualificación, propias de una Administración de la sociedad del conocimiento. Y que, de ser posible, sirvieran para incorporar a nuestras organizaciones públicas las dosis de talento joven que la renovación de nuestros servicios públicos necesita con urgencia.
