El poder regulatorio como herramienta de redefinición de la política comercial

Durante décadas, las grandes potencias proyectaron poder mediante ejércitos, sanciones o aranceles. Hoy, cada vez más, lo hacen mediante regulaciones. Normas sobre sostenibilidad, trazabilidad, trabajo forzoso o seguridad tecnológica se están convirtiendo en herramientas de influencia geoeconómica capaces de reconfigurar cadenas de suministro, relaciones comerciales y decisiones de inversión internacionales.

¿Estamos ante un avance de los estándares globales o ante una nueva forma depolítica comercial?

Veamos el caso de Estados Unidos. El llamado Día de la Liberación, celebrado el 2 de abril de 2025, marcó el inicio de una nueva ofensiva arancelaria con un gravamen general básico del 10% y otros gravámenes recíprocos específicos. Para justificar esta medida, la Casa Blanca recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma del año 1997 concebida para responder a amenazas a la seguridad nacional y que permite ‘regular importaciones’ en casos muy excepcionales.

Pero el 20 de febrero el Tribunal Supremo desmanteló esta estrategia comercial al considerar que la Administración Trump había excedido el alcance previsto por la ley, creando nuevos aranceles de forma unilateral, competencia exclusiva del Congreso norteamericano. Más allá de las implicaciones jurídicas, la sentencia puso de manifiesto un aspecto relevante: la voluntad de utilizar instrumentos regulatorios para alcanzar objetivos de política comercial y reindustrialización.

Lejos de abandonar ese objetivo, la Administración Trump comenzó a explorar nuevas vías regulatorias para respaldar su estrategia comercial. En este contexto ha cobrado protagonismo la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), una ley aprobada en 2021 para impedir la entrada en Estados Unidos de productos vinculados a prácticas laborales coercitivas en la región china de Xinjiang, donde reside la minoría turca uyghur, objeto de numerosas denuncias internacionales por vulneración de derechos humanos.

Desde su entrada en vigor en 2022, la UFLPA ha permitido bloquear decenas de miles de envíos valorados en miles de millones de dólares por la presunción automática de que podían estar vinculados al trabajo forzoso, según datos de la U.S. Customs and Border Protection (CBP). Más allá de la defensa de los derechos humanos, el efecto práctico de esta legislación ha sido alterar cadenas de suministro, incentivar la relocalización de determinadas actividades productivas y reducir dependencias estratégicas respecto a China. Y, en esta ocasión, ha sido utilizada para respaldar el restablecimiento de aranceles aplicados a sesenta socios comerciales.

Estados Unidos no es el único actor que está recorriendo este camino. La Unión Europea también ha encontrado en la regulación una poderosa herramienta de influencia económica.

Europa y las emisiones

El Mecanismo de Ajuste de Carbón en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), creado en 2023 para apoyar el compromiso europeo de descarbonización y complementar el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), buscaba reducir emisiones y evitar fugas de carbono gravando productos elaborados con estándares ambientales menos exigentes que los vigentes en la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica introduce un coste adicional para exportadores de sectores intensivos en emisiones como el acero, el aluminio, los fertilizantes o la energía. Aunque su objetivo formal es climático, también contribuye a proteger la competitividad de industrias especialmente expuestas a la deslocalización productiva. Su efecto práctico consiste en condicionar el acceso al mercado europeo de sectores estratégicos y trasladar parte de los estándares ambientales europeos a productores situados fuera de la UniónEuropea.

La lucha contra la degradación forestal que se buscaba en 2023 con la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR, en inglés) está incentivando cambios en los procesos productivos de terceros países como Brasil, Indonesia o Vietnam, entre otros. La norma afecta a materias primas como el café, el cacao, la soja, la madera, el caucho, el aceite de palma y el ganado vacuno, cuyos productores deben acreditar un origen libre de deforestación. El consumo europeo de estas materias primas podría provocar, según algunas estimaciones, casi 250.000 hectáreas de deforestación al año en 2030. Según la Comisión Europea, este reglamento permitirá reducir las emisiones asociadas al consumo europeo en al menos 32 millones de toneladas de CO2 cada año.

Prácticas sostenibles

Por último, la Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive) busca proteger los derechos humanos y promover prácticas empresariales sostenibles a lo largo de las cadenas de valor. Con esta norma, la UE obliga a empresas europeas y a compañías que operan en el mercado comunitario a evaluar el impacto y los riesgos sociales y ambientales asociados a sus actividades. La UE exporta así sus estándares regulatorios en materia social y ambiental a empresas y proveedores de todo el mundo.

Anu Bradford (2020) ha denominado precisamente este fenómeno como el ‘Brussels Effect’: la capacidad de la UE para proyectar influencia internacional mediante la extensión de sus normas a empresas y mercados más allá de sus fronteras. El acceso al mercado europeo termina convirtiéndose así en un poderoso mecanismo de difusión regulatoria.

En el caso de China, el gobierno de Xi Jinping fundamenta sus restricciones comerciales en razones de seguridad nacional y control de bienes de doble uso (civil y militar). Bajo este marco, China ha limitado desde el año 2023 las exportaciones de minerales críticos como galio, germanio, grafito o antimonio. La Ley de Control de Exportaciones de 2020 creó mecanismos específicos para supervisar la salida de productos considerados estratégicos para la defensa y la seguridad nacional. China dispone de una posición privilegiada en estas cadenas de suministro: produce aproximadamente el 90% del galio mundial y cerca del 60% del germanio, dos minerales esenciales para semiconductores, electrónica avanzada y aplicaciones militares.

Los efectos han sido inmediatos. Entre 2022 y 2024 las exportaciones chinas de germanio cayeron un 42%, mientras que las destinadas a Estados Unidos prácticamente desaparecieron. En el caso del galio, las exportaciones totales descendieron un 36% en el mismo período.

Asimismo, las restricciones sobre el antimonio provocaron un incremento de su precio internacional desde 14.000 dólares por tonelada en julio de 2024 hasta 38.000 dólares en diciembre del mismo año, un aumento del 171%

Aunque estas medidas se presentan como instrumentos de seguridad nacional, también permiten a Pekín reforzar su posición negociadora en un contexto de creciente rivalidad tecnológica y comercial con Occidente.

Estados Unidos apela a los derechos humanos, la Unión Europea a la sostenibilidad y China a la seguridad nacional. Los objetivos que persiguen son legítimos y responden a preocupaciones reales de nuestro tiempo. Los argumentos son distintos; el resultado, sin embargo, es similar: la regulación se ha convertido en una herramienta de poder geoeconómico capaz de reconfigurar cadenas de suministro, condicionar el acceso a los mercados y redefinir las relaciones comerciales internacionales.