Contra el decrecimiento
El crecimiento económico es un mantra que ha acompañado al capitalismo desde que se empezó a medir la economía de los países. Sin duda, los parámetros en los que se basa su cálculo deben ser revisitados y es posible que se encuentren a medio o largo plazo sistemas mejores de evaluar el bienestar de los ciudadanos. Pero hoy por hoy existe una correlación evidente entre el crecimiento del PIB y las expectativas de futuro de una sociedad. La lucha contra el cambio climático y, de forma general, las limitaciones que el ecosistema planetario plantean a un determinado tipo de crecimiento, están llevando a los líderes políticos y empresariales a optar por políticas compatibles con aquellos condicionantes. La llamada green new deal propugnada por la Unión Europea y, a nivel global, el Acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático, van en esta línea. Catalunya debe aprovechar la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next Generation para impulsar decididamente políticas destinadas a hacer compatible un crecimiento sostenible con la transición energética y las limitaciones ecológicas. Sin embargo, para ello debemos superar importantes escollos, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Ayuntamiento de Barcelona. Me refiero a la incapacidad de fuerzas políticas que en general comulgan con lo hasta ahora indicado para superar la línea divisoria que se ha marcado en torno al proceso independentista. Dos polémicas muy relevantes y actuales nos evidencian la raíz del problema. La primera es el pacto que alcanzaron la CUP y ERC para la moratoria de las energías renovables, algo sorprendente, contraintuitivo y muy preocupante. La CUP se inspira en presupuestos de raíz anarquista, propugna la lucha contra la propiedad privada y apuesta por políticas de decrecimiento. Un elenco de ideas respetables que algunos compartimos en determinadas fases de nuestra vida juvenil, pero que no formulan ninguna alternativa mínimamente creíble como proyecto social. Desgraciadamente, estas ideas, avaladas por un pequeño porcentaje de los votantes, pueden condicionar la política energética en Catalunya durante toda la legislatura y llevarnos a una dependencia exterior aún mayor. La segunda, en torno a la ampliación del aeropuerto de El Prat, muestra al grupo municipal de la alcaldesa Ada Colau en contra de la misma, con base en argumentos medioambientales, muy respetables, pero cuyo resultado de bloqueo no redundaría en un mayor bienestar de los barceloneses, sino en la pérdida de conectividad de su aeropuerto en favor de ciudades alternativas que estarán encantadas de aprovechar la oportunidad. Dicho posicionamiento no es sorprendente y se enmarca en una política del “no” (a los hoteles, a nuevos proyectos museísticos y al desarrollo urbanístico en general) basada más en temores abstractos que en auténticas políticas alternativas. El problema medioambiental es global y requiere por tanto respuestas conjuntas, no posicionamientos quijotescos que nos llevan a la insignificancia. En este marco, el decidido apoyo del vicepresidente de la Generalitat a la ampliación de El Prat debe ser bienvenido, pues como es sabido dicha iniciativa viene impulsada por AENA y avalada por el gobierno español. ERC tiene un papel decisivo en todo esto. Esperemos que entre planteamientos dogmáticos y el pragmatismo del que está haciendo gala últimamente predomine este último. Es conveniente recordar que, como señaló Max Weber, frente a la ética de la convicción, que nos puede llevar a mantener posiciones legítimas pero perjudiciales para Catalunya, se contrapone la ética de la responsabilidad, que obliga a nuestros líderes públicos a pensar en lo mejor para la ciudadanía.
