Retener, recuperar y atraer talento investigador a las universidades españolas

Andreu Mas-Colell, Milagros Candela
30 Nov, 2023

El 50% de los Catedráticos y el 24% de los Profesores Titulares tienen sesenta años o más, lo que hace esperable su jubilación en la próxima década. Solo mantener constante el número de profesores permanentes exigiría en ese tiempo la incorporación de unos 12.000 nuevos perfiles.

Esta necesidad abre una oportunidad de impulso investigador, considerando además que España se ha planteado un ambicioso objetivo de inversión pública en I+D: llegar al 1,25% del PIB en 2030, desde el 0,62% actual, según la nueva Ley de la Ciencia.

Para que estas incorporaciones supongan un salto en nuestra competitividad científica, deberíamos estar expandiendo nuestra inversión en talento, asegurar su continuidad y que se incorporan los mejores perfiles investigadores.

En inversión reciente, según nuestras estimaciones:

→  en las convocatorias 2020-2022 la expansión ha sido de 301 millones de euros

→  anticipamos unos 278 millones de euros extra para el periodo 2023-24

Estas cifras denotan que, desde el Ministerio de Ciencia se está implementando, a través de programas como el Ramón y Cajal, un notable esfuerzo adicional de retención, recuperación y atracción de talento. Asimismo, observamos que estos programas están contribuyendo a avanzar en el equilibrio de género y en la atracción de talento internacional.

Ahora bien, considerando precisamente que este esfuerzo está impulsado directa e indirectamente por la disponibilidad temporal de fondos NextGenerationEU, es crucial asegurar que las mejoras en la financiación de los programas se mantengan.

Además, es difícil evaluar en este punto si el impulso inversor se alinea con el objetivo de producir un salto en la calidad investigadora. Esto va a depender en no poca medida de las nuevas normas para el funcionamiento de las universidades, que quedan marcadas por la recientemente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario:

  1. La LOSU deja margen de flexibilidad para la estructura y el modelo de funcionamiento de las universidades en política de profesorado, algo que permite que éstas alineen incentivos de carrera profesional con objetivos de calidad investigadora.
  2. La estabilización de unos 25.000 contratos temporales que pasarán a ser indefinidos (bajando la temporalidad del 40% al 8% aproximadamente) es también de celebrar.
  3. Sin embargo, la LOSU se ha preocupado menos de reforzar la vertiente investigadora de lo que se ha ocupado en estabilizar al profesorado actual. La nueva norma establece, para la acreditación del profesorado, una igualación del peso de la docencia con el de la investigación, con un riesgo de efecto desincentivador sobre el talento investigador que dependerá de cómo lo concrete cada universidad.
  4. La reserva de un mínimo del 15% de las nuevas plazas y contratos laborales indefinidos para perfiles de probado mérito en investigación es insuficiente: equivale a decir que para el 85% restante la investigación no es tan importante.

A la luz de todo esto, proponemos:

→  Asegurar la inversión actual en talento investigador independientemente de las entradas de dinero puntuales e incrementarla en línea con los objetivos de la Ley de la Ciencia.

→  Mantener y ampliar programas de atracción de talento -como, entre otros, el Ramón y Cajal- , y evaluados por la Agencia Estatal de Investigación.

→  Aún manteniendo una amplitud temática, conviene un sesgo en las áreas para reforzarnos aún más en lo que somos fuertes y cubrir ámbitos vitales en los cuales nos falta suficiente fuerza (por ejemplo, en ciencia de datos o inteligencia artificial).

→  Reducir al máximo las barreras de entrada, especialmente en el frente administrativo: evitando la reintroducción del requisito de acreditación con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación por la puerta de atrás, o la introducción de requisitos espurios relacionados con la docencia o la gestión.

→  Recomendar a las universidades aumentar la reserva mínima del 15% de plazas para perfiles de probado mérito en investigación al 30%. Asimismo, recomendar a las instituciones públicas la implementación de programas de incentivos con este objetivo.

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