La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico

En España, el número máximo de alumnos por aula es de 25 en Primaria y 30 en la ESO. El 11 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) presentó el anteproyecto de Ley para reducir la ratio máxima de alumnos por aula a 22 en Primaria y 25 en ESO e introducir un doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en aulas ordinarias.

Aquellos centros educativos que tengan una ratio por encima de los nuevos umbrales tendrán que abrir nuevas aulas en los cursos que correspondan. La apertura de nuevos grupos generará un incremento del gasto al tener que contratar nuevos docentes y construir estas nuevas aulas. Este gasto adicional es lo que podemos denominar “coste real”, es decir, lo que varios centros tendrán que gastar de más como consecuencia de la reforma. Al mismo tiempo, España está perdiendo población infantil debido a que las cohortes de nacimientos son cada vez más pequeñas. Las proyecciones demográficas esperan que esta bajada generalizada del número de estudiantes se acelere todavía más en las décadas venideras, lo que implicará que las nuevas ratios se puedan acomodar naturalmente a un sistema menos poblado de manera total o parcial. Este sería un “dividendo demográfico”: el ahorro que se produce al liberar parte de la plantilla de los centros educativos como consecuencia de la disminución natural del número de alumnos. El “coste presupuestario neto”, o lo que la administración tendrá que añadir a sus gastos fiscales como consecuencia de la reforma, se calcula como la diferencia entre el coste real y el dividendo demográfico. Estimar todos estos valores de manera precisa (dividendo demográfico y coste presupuestario, y por tanto su suma, el coste real) es de vital importancia para la política pública educativa española ya que determinará si la reforma será coste-efectiva.

Este Policy Brief utiliza datos del MEFPD, INE, PISA, TIMSS, y PIRLS, para cuantificar, de la forma más conservadora y precisa posible, el coste real, dividendo demográfico y coste presupuestario a lo largo de la próxima década. Para ayudar a contextualizar y tratar de ofrecer respuesta al potencial coste-efectividad de la reforma, se desarrolla una revisión de la evidencia empírica sobre el efecto de la bajada de ratios, que permita dimensionar el impacto esperable sobre el aprendizaje y bienestar docente, además de una comparación con respecto a las medidas alternativas a las que podrían destinarse los recursos que la reforma tendrá que desplazar.

Los resultados fundamentales de este análisis son los siguientes:

• En la próxima década 2027-2036 el coste presupuestario neto medio será de al menos 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. El año pico del coste presupuestario neto equivale al 13,8% del gasto público español en Primaria y ESO.
• En el año pico de la reforma (2031), es decir, cuando la reforma esté implementada en su totalidad en Primaria y en la ESO: (i) El coste real será de 6.549 millones de euros; (ii) El dividendo demográfico de 1.380 millones; (iii) por tanto, el coste presupuestario neto será de al menos 5.169 millones.
• Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 63% del coste nacional.
• La reforma destinará más recursos a centros donde el porcentaje de alumnado es de mayor nivel socioeconómico. Los centros con mayor porcentaje de alumnos de mayor nivel socioeconómico concentrarán el 31% del gasto de la administración, frente al 22% de los de menor nivel socioeconómico. Esto se debe a que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda y, por tanto, con perfiles socioeconómicos más altos.
• La evidencia académica más completa y reciente (meta-análisis de Opatrny et al., 2025, sobre 66 estudios causales) indica que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela, compañeros de clase. Sí muestra efectos medibles pero heterogéneos sobre el bienestar de familias y profesorado. Concretamente, reducir la ratio mejora la satisfacción del profesorado con su trabajo, pero el efecto es modesto: expresada en términos de subida salarial equivalente, esa ganancia de bienestar quedaría por debajo del incremento retributivo que el mismo presupuesto financiaría si se destinara directamente a los salarios del profesorado (6% vs 21%). Esta política, por tanto, presenta un coste muy elevado por los efectos que puede producir según la evidencia recopilada.

En línea con los resultados obtenidos, este Policy Brief sugiere tres recomendaciones:

• Acotar el despliegue universal de la medida únicamente a los centros de alta complejidad y riesgo educativo, donde la evidencia sugiere efectos algo mayores y, más en general, donde las inversiones educativas tienen mayor impacto según la evidencia. Esta aplicación deberá realizarse con pilotaje y evaluación constante de sus efectos, además de producirse análogamente con políticas complementarias que amplifiquen sus efectos.
• Redirigir parte del esfuerzo presupuestario hacia políticas con evidencia más robusta de impacto, como tutorías intensivas tipo PROA+, complementos salariales a docentes por destino en centros de alta complejidad, y un MIR educativo.
• Aprovechar la ventana demográfica que se abre estos próximos diez años no como margen presupuestario dedicado únicamente a la reducción universal de ratios, sino como palanca para invertir donde la evidencia indica que el retorno educativo es mayor, es decir, especialmente en alumnado de menor nivel socioeconómico.