Qué hacer para bajar los precios de la luz: III. Los otros mecanismos: cargos, impuestos y transferencias

Para finalizar la serie, abordaremos los mecanismos complementarios más importantes para lograr el que en realidad es (o debería ser) el objetivo último de las preocupaciones políticas sobre el precio de la luz: un resultado justo y equitativo en el acceso a un bien tan básico como es la energía eléctrica.

Los cargos

Los cargos están destinados a cubrir el coste de las políticas públicas o la financiación del déficit de tarifa anterior. Aquí hay dos cuestiones: una, cuánto tenemos que pagar, y otra, de qué forma hacerlo.

Lo primero es únicamente relevante a futuro. Lo pasado, pasado está, y hay que recuperarlo sí o sí. Lo futuro, evidentemente debería decidirse con buenos criterios y buen análisis, incluyendo por supuesto buena comunicación a la sociedad de las ventajas e inconvenientes de las políticas propuestas. Esta es la única forma de lograr que su coste sea el adecuado, y de que sean aceptadas.

En ese sentido, la detracción de los ingresos de las subastas de CO2 considerada por el Gobierno es desvestir a un santo para vestir a otro: en este caso, la innovación y la promoción de tecnologías limpias, o la protección a los consumidores vulnerables, que es para lo que se supone que estaban dichos ingresos.

La segunda cuestión es algo más compleja: ¿deben recuperarse los costes de estas políticas públicas en la tarifa eléctrica, o repartiéndolos entre los distintos vectores energéticos (como propone el FNSSE), o en los presupuestos? Esta pregunta debe responderse fundamentalmente mirando quién se beneficia de la política en cuestión, si sólo los consumidores eléctricos, los energéticos, o todos los contribuyentes. Es cierto que ahora mismo, en la tarifa hay elementos, como las extrapeninsulares o la pobreza energética, que seguramente debieran estar completamente en los presupuestos. Otros, como el coste de las renovables, puede tener sentido repartirlos entre todos los consumidores energéticos.

Hay otra cuestión adicional aquí relacionada con el reparto: cuando diseñamos los cargos de forma que hay subsidios cruzados a la eficiencia energética o al autoconsumo, unos consumidores se benefician y otros pagan de más. Esto evidentemente también hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el sistema que permite pagar lo justo.

Los impuestos

Nos encontramos por último con los impuestos, tanto los aplicados sobre la generación como los que van sobre la tarifa. Hay argumentos sólidos para defender que los impuestos (o algunos cargos) no deberían aplicarse cuando se utiliza la electricidad como bien intermedio. Esto ya sucede, por diseño, con el IVA, pero no con otros. Si se siguiera esta regla, se abarataría la electricidad para las empresas, pero quizá se encareciera para los hogares (salvo que los cargos se pasen a presupuestos).

Hay gente que incluso defiende que habría que eliminar toda la fiscalidad de la electricidad, también para los hogares. Esto ya me parece más complejo, para empezar porque no hay razones de peso para pensar que esta actividad económica no deba contribuir a la recaudación de los impuestos necesarios para que funcione nuestra sociedad. Por tanto, parece razonable suponer que el IVA debería mantenerse y también parece razonable establecer impuestos que internalicen las distintas externalidades de la producción y uso de la electricidad.

De hecho, bajadas del IVA como la actualmente vigente no son solución más allá del corto plazo: para las empresas, como el IVA es neutro, esto sólo ayuda en la gestión de la tesorería; para los hogares, el bajar el IVA aquí supone que habrá que subirlo en otros sitios si queremos mantener la recaudación (salvo que, como he dicho antes, sea recaudación extraordinaria). Y además hay que recordar que esta medida es regresiva: se benefician más los más ricos, que son los que consumen más electricidad.

Más allá de eso, sería necesario un análisis global de las necesidades de recaudación y de las alternativas disponibles.

En cualquier caso, es importante recordar una cuestión: si hace falta recaudar para financiar el gasto público, el reducir los impuestos en un producto o servicio supone simplemente que otro producto o servicio tendrá que pagar más, con las consecuencias correspondientes en la (mala) asignación de recursos en la economía. Esto de hecho es lo que pasará con algunas de las medidas propuestas por el Gobierno: las reducciones de impuestos suponen menos recaudación. Si esa recaudación era extraordinaria (una especie de beneficios caídos del cielo también para Hacienda), no pasa nada por eliminarla en tanto esos beneficios extraordinarios existan; pero si hace falta para financiar los gastos públicos, tendrá que venir de otro sitio.

¿Y las comercializadoras?

Una vez hemos diseñado un sistema que asegure que los costes son los justos, faltaría asegurar que las comercializadoras, en un mercado libre (porque como ya hemos dicho la tarifa regulada debería aplicarse sólo a los vulnerables), trasladan adecuadamente el precio a los consumidores. De nuevo, la CNMC debe vigilar que no haya abuso de mercado por parte de las comercializadoras, y debe dar transparencia (como ya hace en su comparador de ofertas) a los precios. En estas condiciones, cada consumidor elegirá si quiere tener una factura más estable (pagando la prima de riesgo correspondiente) o si quiere estar más expuesto a los precios de mercado, que, mientras sigamos teniendo gas en el sistema, serán volátiles.

La propuesta de una empresa comercializadora pública, como las que se han creado en algunos ayuntamientos, podrá tratar de reducir su margen, pero seguirá teniendo que pagar el resto de costes. Y si ofrece precios por debajo del coste, esto supone un subsidio que habrá que financiar, lo cual no plantea una ventaja clara con respecto a la opción más directa de cheques y transferencias, comentada a renglón seguido.

Mecanismos de justicia redistributiva

El último componente es la protección de los vulnerables. Como ya hemos defendido en otras ocasiones, y sigue haciendo nuestra Cátedra de Energía y Pobreza, la protección de los vulnerables debería incluir tanto el apoyo a la renta (mediante un cheque energético, con una cantidad a tanto alzado que les permita cubrir su suministro imprescindible) como la prioridad en las actuaciones de eficiencia energética. El sistema actual del bono eléctrico, basado en un descuento del precio, no protege totalmente a estos hogares (ya que tienen que seguir pagando el 75% del aumento de precios). Sería necesario reconsiderarlo para asegurarnos de que cubran a las familias y empresas que necesitan ayuda por el exceso de gasto en el que están teniendo que incurrir. Este instrumento es temporal y acotado, no distorsiona los mercados, y no crea problemas distributivos, como sí hacen las bajadas de impuestos.