Emancipadas = ¿independientes?

 

Como cada 8 de marzo el debate público se llenó de cifras sobre la situación de las mujeres en España. Pero hay una dimensión que raramente se discute: la emancipación juvenil tiene género, y no en el sentido que muchos asumen. Las mujeres jóvenes se emancipan más que los hombres, sí, pero lo hacen en peores condiciones económicas y, como veremos, a través de un canal muy concreto: la pareja. La publicación de los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025 permite ponerle números a esta realidad.

El dato de partida parece una buena noticia: en 2025, la tasa de emancipación de las mujeres de 18 a 34 años se sitúa 7,6 puntos porcentuales por encima de la de los hombres de la misma edad. En el tramo de 30 a 34 años, la diferencia es mayor: un 70% de las mujeres vive fuera del hogar familiar, frente a solo un 56% de los hombres.

Sin embargo, los datos revelan que tanto hombres como mujeres se emancipan cada vez menos. Entre los 25 y los 29 años, la tasa de emancipación femenina ha caído del 53% al 30% desde 2009; la masculina, del 38% al 22%. El deterioro es generalizado y apunta a un problema estructural de acceso a la vida adulta que trasciende el género, pero que adopta formas distintas cuando se analiza a fondo.

¿Más emancipadas, pero en qué condiciones?

Si la emancipación fuera un indicador fiable de autonomía, esperaríamos que quienes se emancipan tuvieran mejores condiciones económicas. Los datos sugieren lo contrario.

La renta personal neta mediana de los hombres jóvenes emancipados alcanza los 18.298 euros anuales; la de las mujeres se queda en 15.461 euros. Una brecha del 15,5% que, lejos de cerrarse, se ha mantenido estable a lo largo de todo el periodo 2009-2025. Conviene señalar que esta comparación cruda podría sobreestimar la brecha atribuible al género: dado que las mujeres se emancipan antes en mayor proporción, las emancipadas son en promedio más jóvenes que los emancipados, lo que por sí solo reduce su renta mediana. Aun así, el dato es coherente con lo que documenta la literatura sobre brecha salarial: incluso comparando hombres y mujeres en puestos similares, con la misma educación y experiencia, las mujeres en España ganan en torno a un 12-13% menos por hora (Hupkau y Contreras, 2025).

Parte de esta brecha se explica por las diferencias en jornada laboral. La tasa de parcialidad entre las mujeres emancipadas y ocupadas es del 17%, frente a solo un 4% en los hombres. Los hombres que se emancipan lo hacen prácticamente todos a jornada completa; las mujeres que se emancipan mantienen tasas de parcialidad cuatro veces superiores. Esto tiene consecuencias directas sobre ingresos, cotización y progresión profesional.

Por otro lado, la evolución temporal de la parcialidad entre jóvenes no emancipados evidencia que entre 2012 y 2014 —los años más difíciles para el empleo juvenil, con tasas de paro superiores al 50%— la parcialidad femenina aumentó hasta alrededor del 40%. Este patrón sugiere que quienes conseguían trabajo lo hacían con mayor frecuencia a tiempo parcial. La flexibilización del contrato parcial introducida en 2013, que amplió el uso de horas complementarias, reforzó esta dinámica. A partir de 2015, con la recuperación económica y la introducción de incentivos a la contratación indefinida de los jóvenes, la parcialidad comenzó a descender.

Sin embargo, entre las mujeres emancipadas la tasa de parcialidad sigue siendo elevada y mayor a la de los hombres, incluso tras la recuperación. Además, los datos de la ECV revelan que las mayores brechas de género en emancipación se concentran en los perfiles más vulnerables. Entre las personas no ocupadas, el 19% de las mujeres están emancipadas frente a solo el 10% de los hombres. Entre quienes no tienen formación terciaria, la brecha es de 49% frente a 33%.

Esto sugiere que una parte significativa de la emancipación de las mujeres no responde a una mayor capacidad económica, sino a dinámicas como la migración o la formación de pareja, que empujan a las mujeres fuera del hogar parental sin que dispongan necesariamente de los recursos para sostener esa independencia de forma autónoma.

La pareja como principal vía de emancipación femenina

El 69% de las mujeres emancipadas convive en pareja, frente al 51% de los hombres. Esta diferencia de 18 puntos se ha mantenido a lo largo de los años. Entre los hombres emancipados, un 29% vive solo y un 20% comparte piso, opciones mucho menos frecuentes entre las mujeres.

Los datos confirman que, para las mujeres, la pareja funciona como el canal principal de salida del hogar familiar. La renta mediana de los hogares emancipados en pareja ronda los 36.000-39.000 euros. Pero para las mujeres que viven solas, la renta del hogar es de 23.660 euros.

Esto implica que, ante una separación, la pérdida de empleo de la pareja o un cambio familiar, la posición económica de la mujer se debilita de mane ra diferencial. Las consecuencias se ven también en el acceso a la vivienda: entre las mujeres emancipadas con pareja, un 41% vive en propiedad; entre las que viven sin pareja, solo un 20%. El alquiler de mercado pasa de representar un 46% entre las que tienen pareja a un 50% entre las que no la tienen.

Todo ello revela un círculo que se retroalimenta: muchas mujeres se emancipan a través de la pareja y, cuando llegan los hijos, asumen de forma desproporcionada el trabajo de cuidados. Como documentamos en el policy brief que Claudia Hupkau y yo publicamos en marzo del año pasado, los ingresos de las madres en España se reducen un 11% en el primer año tras el nacimiento de un hijo, y la penalización a largo plazo alcanza el 28% en comparación con los padres (De Quinto, Hospido y Sanz, 2020). Además, nuestro análisis mostró que la brecha salarial ajustada —la que persiste incluso comparando hombres y mujeres con la misma educación, experiencia y tipo de puesto— apenas se ha movido en la última década: en 2022 seguía en torno al 12-13% por hora. Esto afecta negativamente a sus condiciones laborales y salariales, debilitando su autonomía económica y reforzando la dependencia con la que iniciaron su emancipación

¿Qué se puede hacer?

La emancipación, en su configuración actual, reproduce las desigualdades de género del mercado laboral español en lugar de superarlas. Para revertir esta dinámica es necesario actuar en dos frentes simultáneamente: el mercado laboral y el acceso a la vivienda.

• Reducir la parcialidad involuntaria y la penalización por maternidad. Las empresas y los gobiernos deben facilitar acuerdos laborales flexibles —horarios adaptados, teletrabajo, programas de reincorporación— sin que estos penalicen la promoción profesional. Goldin (2014) documenta que la falta de flexibilidad perjudica desproporcionadamente los ingresos de las mujeres: los puestos que recompensan la disponibilidad total son los que generan mayores primas salariales, y son precisamente los que las mujeres abandonan o evitan tras la maternidad.
• Hacer posible la emancipación sin dependencia de pareja: la cuestión de la vivienda. Si la emancipación solo resulta económicamente viable en pareja, no estamos ante un proceso de verdadera independencia, sino ante una transferencia de dependencia. El problema es, ante todo, un problema de oferta de vivienda. Además del déficit agregado de vivienda de cualquier origen y pensando específicamente en los segmentos más vulnerables del mercado, España cuenta con un parque de vivienda social en alquiler que apenas representa entre el 2% y el 3% del total, muy por debajo de la media europea (8%) y a gran distancia de países como Austria, Países Bajos o Dinamarca, donde supera el 20% (OCDE, 2024). Para converger simplemente con la media europea, la OCDE estima que España necesitaría construir más de 850.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler social (OCDE, 2025). Asimismo, el Banco de España calcula un déficit acumulado de aproximadamente 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, en un contexto en el que los permisos de construcción se sitúan sistemáticamente por debajo de la creación neta de hogares.
• Mejorar la progresión salarial de las mujeres jóvenes. La brecha que se documenta entre los emancipados refleja desigualdades que empiezan en el mercado de trabajo. El refuerzo de la transparencia salarial (obligatoria en España desde el Real Decreto 902/2020) y su aplicación efectiva son herramientas clave, especialmente en sectores donde las brechas ajustadas son mayores, como la construcción, el transporte o la manufactura (Hupkau y Contreras, 2025). La evidencia sugiere que la transparencia salarial reduce las desigualdades (Blundell, 2021). Además, mejorar el acceso a formación continua y a puestos de calidad a tiempo parcial permitiría que las mujeres que reducen su jornada laboral no vean comprometida su trayectoria profesional a largo plazo.