El plan para bajar la luz en España: una primera valoración

Natalia Collado Van-Baumberghen
28 Abr, 2022

En una frase: tal y como recojo en este análisis de El País, el acuerdo con Bruselas para abordar la ‘excepcionalidad ibérica’ probablemente reducirá la inflación y el porcentaje de gasto energético asumido por los españoles, especialmente en los hogares más vulnerables. Sin embargo, lo hará a coste de reducir incentivos para el ahorro y la eficiencia energética tanto en el lado de la oferta como de la demanda.

El martes la Comisión Europea llegó a un acuerdo con España y Portugal sobre el mecanismo a implementar para frenar la subida de los precios de la electricidad. En este artículo en El País señalo cómo el principal impacto de la medida sobre la economía será una significativa bajada de la inflación y, en el plano social, una reducción de los precios de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), entre los que se encuentran los más vulnerables.

Al mismo tiempo, es igualmente necesario considerar posibles efectos negativos derivados del propio diseño del mecanismo, tal y como refiero en la columna. Pero para completar la panorámica y entender mejor estos potenciales costes, resulta conveniente explicar con algo más de detalle la denominada excepcionalidad ibérica, para después pasar a considerar en qué consiste el mecanismo aprobado, acabando por sus potenciales efectos no deseados.

El problema: la excepcionalidad ibérica

Desde el año 2014, el mercado mayorista de electricidad en España y Portugal está acoplado con el del resto de países de la Unión Europea con el objetivo de favorecer la convergencia en precios. Sin embargo, debido a la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica con el resto del continente, lejos del objetivo del 10% marcado para 2020, esta es, en la práctica, una isla energética. Además, tanto España como Portugal cuentan con una elevada proporción de renovables en la matriz energética. En 2021, según datos de Red Eléctrica, nuestro país generó cerca del 50% de la electricidad con fuentes de energía renovables.

Frente a este contexto y con una escalada sin precedentes del precio de la luz, marcada por el incremento del precio del gas, el Consejo Europeo del pasado marzo permitió a los países ibéricos plantear un mecanismo que permitiera reducir los precios de forma independiente del resto de estados miembros.

La propuesta acordada

Dado que quien está detrás de gran parte del incremento del precio de la electricidad es el precio del gas y su aumento reciente a raíz del conflicto abierto con Rusia tras su invasión de Ucrania, la propuesta presentada por la ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués pasa por desligar ambos. En concreto, consiste en limitar el precio ofertado por las centrales que utilizan este combustible fósil (o carbón) en la producción tomando como referencia un precio del gas de 50€/MWh. Así, dado que la eficiencia de producción de los ciclos combinados está entre el 45% y el 57% (Storm, 2020) el precio máximo que podrán ofertar será el resultado de multiplicar por dos el precio de referencia del gas (para la producción de 1 MWh de electricidad, serían necesarios 2 MWh de gas) más el coste de los derechos de emisión de CO2. En consecuencia, el precio máximo en las horas que estas sean las centrales marginales se acercará a los 140€/MWh, lo que supone una rebaja considerable frente a los más de 200€/MWh de media de este último mes.

El precio real del gas al que hacen frente las centrales se financiará a través del propio sistema: los consumidores tendrán que abonar un extra por la generación del resto de tecnologías. No obstante, dado que en lo que va de abril el gas y el carbón han marcado el precio, en media, un 15% del tiempo, los hogares saldrán beneficiados con la medida.

Potenciales efectos negativos: daño a los incentivos

Contrariamente a lo propuesto al principio por España y Portugal, no habrá un precio distinto para las interconexiones, lo que permitirá a los consumidores franceses beneficiarse de energía artificialmente más barata. Esto puede generar incentivos perversos dentro del mercado: las centrales de ciclo combinado pueden ofertar estratégicamente para hacer subir las exportaciones e inflar los precios. Sin embargo, considerando el bajo nivel de interconexión con Francia este riesgo está, por ahora, limitado.

La medida presenta potenciales efectos no deseados adicionales en otros dos frentes:

→ En primer lugar, los precios de la electricidad estarán por debajo de su nivel real, lo que puede hacer menos atractivo el ahorro de energía e incentivar el consumo.

→ En segundo lugar, puede provocarse una reducción de los incentivos para el desarrollo del almacenamiento, la eficiencia energética y las inversiones en flexibilidad. De nuevo, al topar el precio al que pueden ofertar algunas tecnologías alteramos la señal de precios y reducimos artificialmente la volatilidad, lo que puede transmitir un mensaje equívoco a los agentes.

Como apuntaba en la pieza de El País, estos problemas sugieren un riesgo no menor de desalineamiento entre los objetivos de descarbonización de largo plazo, y los de reducción del impacto agregado y redistributivo de los aumentos de precio energético a corto plazo.

 

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