La nueva regularización de inmigrantes en España: qué nos dice la evidencia

El pasado 27 de enero de 2026 el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de un Real Decreto para poner en marcha un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que actualmente residen y trabajan en España en situación administrativa irregular. La medida permitirá que estas personas obtengan una autorización de residencia y trabajo, reconociendo así una realidad social y económica ya existente. Según estimaciones recientes de Funcas del volumen total de personas en esta situación, el proceso podría afectar a más de 800.000 personas que, en muchos casos, ya están plenamente integradas en el mercado laboral y en la vida económica del país. Ante tal situación, es relevante recoger cuál es la evidencia nueva sobre este tipo de políticas para anticipar qué efectos puede tener la presente medida.

La evidencia internacional sobre regularizaciones de inmigrantes sugiere que las regularizaciones suelen tener efectos favorables tanto para las personas afectadas como para la sociedad en su conjunto. Entre otros, tienden a mejorar la integración socioeconómica de los inmigrantes afectados, ya que el acceso a un estatus administrativo regular facilita la movilidad laboral, el acceso a empleos formales y una mayor estabilidad en las trayectorias profesionales (Amuedo-Dorantes y Bansak, 2011; Devillanova, Fasani y Frattini, 2018). Además, al pasar de la economía informal a la formal, los trabajadores regularizados incrementan su contribución a las cuentas públicas y acceden con mayor facilidad a los sistemas de protección social (Cascio y Lewis, 2019; Bahar et al., 2021). En tercer lugar, también existe evidencia de efectos en otros ámbitos, como de reducir la probabilidad de cometer delitos (Pinotti, 2017; Baker, 2015) y efectos generalmente pequeños o inexistentes sobre los resultados laborales de los trabajadores en el mercado formal (Bahar et al., 2021).

A pesar de esta evidencia, y como ocurre cada vez que se plantea una regularización, la medida ha generado un intenso debate público. Los críticos suelen plantear varias preocupaciones: que la política genere un “efecto llamada”, que reduzca los salarios o el empleo de los trabajadores nativos, o que aumente la presión sobre las finanzas públicas y los servicios sociales. Estas preguntas, si bien legítimas y propias de cualquier discusión razonable sobre política migratoria, no encuentran respaldo en la evidencia empírica, especialmente dada la implementación de estos programas en experiencias pasadas. En el caso español no partimos de cero: existen experiencias previas y evidencia empírica sólida que permiten evaluar los potenciales efectos de la política recientemente planteada con mayor precisión.

Las lecciones de la regularización de 2005

España ha recurrido en diversas ocasiones a regularizaciones extraordinarias como instrumento de política migratoria. La más relevante tuvo lugar en 2005 durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600.000 inmigrantes obtuvieron permisos de residencia y trabajo. En aquel momento el debate político fue intenso y estuvo acompañado de advertencias sobre posibles efectos negativos para la economía en general y el mercado laboral en particular.

Dos décadas después, la investigación económica permite analizar con mayor perspectiva los efectos de aquella política. En un estudio reciente del que fuimos parte, publicado en el Journal of Labor Economics, Elias et al. (2025) analizan las consecuencias de la regularización de 2005 utilizando diferentes fuentes de datos y comparando territorios y colectivos con distintos grados de exposición a la medida. Aunque el contexto actual no es idéntico, entre otras cosas porque la regularización de 2005 exigía disponer de un contrato de trabajo a la hora de solicitar la regularización, los resultados ofrecen una guía valiosa para entender qué cabe esperar.

Uno de los argumentos más frecuentes contra las regularizaciones es el supuesto “efecto llamada”. Según esta idea, la posibilidad de obtener un estatus regular podría incentivar la llegada de nuevos inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, la evidencia empírica para el caso español muestra que esto no es necesariamente lo que ocurre. Analizando la evolución de los flujos migratorios antes y después de la regularización, y comparando los países cuyos ciudadanos se beneficiaron de la política con otros países no afectados, el estudio no encuentra ningún incremento significativo de la inmigración asociado a la medida. En otras palabras, los flujos migratorios continuaron respondiendo principalmente a factores económicos como la demanda de trabajo y la situación económica de los países de origen y destino. Parte de esto puede deberse a que en el caso español, la regularización vino acompañada de un aumento de las inspecciones laborales y de más recursos para controlar las fronteras.

Un segundo resultado relevante es que la regularización aumentó de forma significativa el empleo formal. Muchos inmigrantes que previamente trabajaban en la economía informal pasaron a hacerlo con contratos legales y comenzaron a cotizar a la Seguridad Social. Esta transición hacia la formalidad tuvo varias consecuencias positivas: mejoró la estabilidad laboral de los trabajadores, facilitó su movilidad entre sectores y regiones y permitió un mejor ajuste entre trabajadores y empresas. Aunque con el tiempo algunos trabajadores volvieron a la informalidad, el proceso contribuyó a reducir la segmentación del mercado laboral.

Además, y contrariamente a otro de los argumentos más extendidos en el debate público, la regularización no provocó una caída de los salarios de los trabajadores nativos. De hecho, el estudio encuentra que los salarios formales de los trabajadores españoles aumentaron ligeramente, especialmente entre aquellos con mayor nivel educativo. Una explicación es que la regularización redujo la capacidad de algunas empresas para beneficiarse de la vulnerabilidad de los trabajadores sin papeles, lo que contribuyó a un mercado laboral más transparente y competitivo.

Esto no significa que la política no tenga efectos distributivos. La evidencia sugiere que algunos colectivos concretos pueden verse afectados por los cambios en la estructura del mercado laboral. En particular, ciertos trabajadores de baja cualificación que previamente trabajaban en condiciones informales pudieron experimentar pérdidas de empleocomo resultado del aumento de los controles y de la transición hacia la formalidad. Esto pone de relieve la importancia de acompañar las regularizaciones con políticas complementarias, como inspecciones laborales efectivas y programas que faciliten la transición hacia el empleo formal.

El impacto fiscal de la regularización también fue positivo. Cada inmigrante regularizado comenzó a contribuir a las arcas públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta. En promedio, el estudio estima que cada trabajador regularizado generó alrededor de 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social, además de ingresos adicionales, aunque menores, por otros impuestos (IRPF). Al mismo tiempo, no se observó un aumento significativo del gasto público en servicios como sanidad o educación, en gran parte porque estas personas ya tenían acceso a muchos de estos servicios antes de la regularización.

La importancia de la implementación

Estos resultados son particularmente relevantes en el contexto actual. España, como muchas otras economías europeas, enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento demográfico y crecientes dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o los cuidados de larga duración dependen en gran medida del trabajo de inmigrantes. En muchos casos, una parte importante de estos trabajadores ya se encuentra en el país desempeñando estas actividades, aunque sin un estatus legal claro.

Por esta razón, diversas asociaciones empresariales de sectores con escasez de mano de obra han expresado su apoyo a la reforma, considerándola una respuesta pragmática a las necesidades del mercado laboral. La regularización puede contribuir a reducir la rotación laboral, aumentar la estabilidad de las plantillas y disminuir la incertidumbre jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas.

Sin embargo, el éxito de la medida no dependerá únicamente de sus fundamentos económicos. La implementación administrativa será un elemento clave. Procesar potencialmente cientos de miles de solicitudes exige reforzar los recursos de las oficinas de extranjería, mejorar los sistemas digitales y garantizar una coordinación eficaz entre las administraciones. Si los procedimientos se retrasan o se vuelven excesivamente complejos, el proceso podría perder eficacia y generar incertidumbre tanto para los solicitantes como para los empleadores.

Además, la regularización debería ir acompañada de una estrategia más amplia para combatir la economía informal. La experiencia muestra que estas políticas funcionan mejor cuando se combinan con inspecciones laborales y con incentivos claros para que las empresas formalicen las relaciones laborales.

En definitiva, la evidencia disponible sugiere que las regularizaciones, cuando se diseñan e implementan adecuadamente, pueden tener efectos económicos positivos tanto para las personas afectadas como para la economía en su conjunto. No se trata de una solución mágica a todos los desafíos de la política migratoria, pero sí de un instrumento que puede mejorar el funcionamiento del mercado laboral, aumentar los ingresos públicos y reducir la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ya forman parte de nuestra economía.

La nueva regularización aprobada por el Gobierno vuelve a situar esta cuestión en el centro del debate público. A la luz de la evidencia acumulada, el balance general es razonablemente favorable. Reconocer legalmente a quienes ya viven y trabajan en España no solo es una cuestión de justicia y dignidad, sino también una decisión económicamente sensata.

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Referencias

Amuedo-Dorantes, C., & Bansak, C. (2011). The impact of amnesty on labor market outcomes: A panel study using the Legalized Population Survey. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 50(3), 443–471.

Baker, S. R. (2015). Effects of immigrant legalization on crime. American Economic Review, 105(5), 210–213. https://doi.org/10.1257/aer.p20151041

Bahar, D., Ibáñez, A. M., & Rozo, S. V. (2021). Give me your tired and your poor: Impact of a large-scale amnesty program for undocumented refugees. Journal of Development Economics, 151, 102652. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102652

Cascio, E. U., & Lewis, E. G. (2019). Distributing the Green (Cards): Permanent residency and personal income taxes after the Immigration Reform and Control Act of 1986. Journal of Public Economics, 172, 135–150. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.11.005

Devillanova, C., Fasani, F., & Frattini, T. (2018). Employment of undocumented immigrants and the prospect of legal status: Evidence from an amnesty program. ILR Review, 71(4), 853–881. https://doi.org/10.1177/0019793917743246

Elias, F., Monras, J., & Vázquez-Grenno, J. (2025). Understanding the effects of granting work permits to undocumented immigrants. Journal of Labor Economics, 43(3), 763–802. https://doi.org/10.1086/730122

Pinotti, P. (2017). Clicking on heaven’s door: The effect of immigrant legalization on crime. American Economic Review, 107(1), 138–168. https://doi.org/10.1257/aer.20150355