Clases más pequeñas: impactos limitados para inversiones elevadas

La reducción del tamaño de clase es una de las políticas educativas más populares entre familias, docentes y gobiernos. Sin embargo, sus efectos sobre el aprendizaje son, por lo general, pequeños o nulos. Además, es una política muy costosa ya que exige contratar más profesorado (el 70-80% del gasto educativo se destina a salarios), y disponer de más aulas. En España resulta crucial determinar si esta política constituye el mejor uso del presupuesto, ante un escenario de presión fiscal creciente y caída de la natalidad.

Para responder con base empírica sólida, se ha elaborado un estudio a partir de la información proporcionada por la Comunidad Autónoma de Madrid en el periodo 2016-2019. En el estudio se emplean microdatos administrativos enlazados con encuestas censales a estudiantes, docentes, familias y directores de centro. La estrategia de identificación aprovecha una metodología consolidada: los umbrales máximos de alumnos por aula (30 en España durante 2012-2019) generan una variación cuasi aleatoria en el tamaño de clase. Al superar el límite, el grupo se desdobla: un centro con 31 matriculaciones forma dos aulas de 15 y 16 alumnos, frente a otro que con 30 mantiene una sola. Esta discontinuidad permite estimar efectos causales sin sesgo de selección socioeconómica, y la riqueza de los datos disponibles junto con la potencia estadística utilizada, facilita un análisis integral de mecanismos. Este estudio supone la evaluación más completa sobre el tamaño de la clase en España y resulta un referente pionero a nivel internacional.

El impacto del tamaño de clase se mide por lo que sucede dentro del aula (disrupción, instrucción individualizada y organización), así como por los resultados académicos y no académicos (rendimiento, repetición, bienestar). Las conclusiones más relevantes se sintetizan a continuación:

• Las clases más pequeñas mejoran las dinámicas en el aula, pero de forma limitada. Reducir en 5 alumnos el tamaño resta 4 puntos porcentuales (pp) la probabilidad de que la disrupción sea un problema moderado o grave —efecto concentrado en centros con mayor conflictividad—. Asimismo, se incrementa en 1 pp la probabilidad de revisar deberes y en 4 pp la enseñanza en pequeños grupos. Pero estas prácticas ya son muy frecuentes (93% y 70%, respectivamente), por lo que el cambio pedagógico también es mínimo.
• Estas mejoras no se traducen en ganancias de aprendizaje. No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento en pruebas estandarizadas, el bienestar subjetivo del alumnado, ni en la repetición. Los tamaños del efecto observados son próximos a cero, en línea con la evidencia internacional.
• No se identifican “islas de impacto”. No se generan subgrupos con beneficios sustanciales y estadísticamente significativos ni por nivel socioeconómico, ni por curso o materia, ni por características de centros o docentes, ni por la frecuencia de prácticas individualizadas.
• Se ha analizado si las familias modifican su comportamiento ante clases más reducidas, lo que podría enmascarar su potencial efecto positivo. Alumnos y familias relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas, pero estos ajustes son demasiado modestos para explicar la ausencia de mejoras educativas: 8 minutos menos a la semana de tiempo promedio dedicado a los deberes; los padres se implican menos; y disminuye el uso de profesores particulares y academias (1 pp menos sobre una base del 14,5%).
• Los principales beneficiarios de las clases más pequeñas son los docentes y las familias. Reducir cinco alumnos por aula incrementa el bienestar docente en torno al 5% de una desviación estándar, lo que implicaría un aumento salarial aproximado de unos 1 800 euros anuales, y mejora la satisfacción de las familias con la escuela en un 2,5% de una desviación estándar. Estos beneficios son reales y constituyen objetivos legítimos de la política educativa, lo que contribuye a explicar la alta demanda social de ratios más bajas.
• Los resultados deben interpretarse en el marco específico del estudio: tamaños de clase comprendidos entre 20 y 30 estudiantes; por tanto, no es posible extrapolar directamente estas conclusiones a situaciones con clases mucho más pequeñas o mucho más numerosas. Esto no debería ser un problema en nuestra discusión pública, ya que en España el tamaño medio de la clase está mayoritariamente dentro de este rango, y por tanto es relevante y extrapolable a este contexto.

En el estudio se extrae, al menos, cinco aprendizajes clave:

1. La reducción del tamaño de clase no mejora el aprendizaje de forma eficaz.
2. Los beneficios principales no recaen sobre el alumnado, sino en los adultos (docentes y familias). Esto ayuda a entender la alta demanda social de esta política y la receptividad institucional ante ella, pese a su impacto limitado sobre el aprendizaje.
3. Esta política requiere una inversión elevada y genera un impacto reducido sobre el aprendizaje. La evidencia disponible sugiere que otras intervenciones —como tutorías intensivas, políticas docentes o programas tempranos— ofrecen un rendimiento relativo mayor por euro invertido.
4. Las bajadas de ratios solo serían justificables, en el mejor de los casos, si se aplican de forma focalizada en centros con alta disrupción o con necesidades específicas, pero siempre combinadas con prácticas que amplifiquen sus efectos.
5. En definitiva, si el objetivo prioritario es mejorar los resultados académicos y el bienestar del alumnado, así como reducir la repetición, la evidencia analizada indica que la reducción generalizada de ratios no se encuentra entre las políticas más eficaces para alcanzar ese fin.