La feminización de la pobreza: La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial
La crisis de la vivienda no golpea a todos los hogares por igual. Las familias en las que una sola persona sostiene la crianza y la economía doméstica, que en la inmensa mayoría de los casos es una mujer, se encuentran entre las más expuestas a la exclusión residencial.
Este informe, elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade en colaboración con la Fundació Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social, analiza las trayectorias residenciales de 48 mujeres que sostienen solas a sus familias en Barcelona y su área metropolitana, mediante entrevistas en profundidad, historias de vida y un grupo focal con profesionales de ambas entidades.
El estudio muestra que la exclusión residencial de estas familias se construye en la intersección entre maternidad en solitario, precariedad laboral, migración y violencia machista. Sus trayectorias están marcadas por una inestabilidad encadenada: rupturas de pareja, impagos, subidas del alquiler, estancias en casas de familiares, habitaciones realquiladas u hoteles concertados por servicios sociales. Se trata de un sinhogarismo oculto, que no aparece en los recuentos oficiales porque las mujeres despliegan todas las estrategias a su alcance para que sus hijos e hijas no lleguen a la calle.
El acceso a una vivienda estable de un programa del tercer sector funciona como un punto de inflexión: permite reorganizar la vida cotidiana, mejora el bienestar y el rendimiento escolar de los menores y devuelve la posibilidad de un proyecto vital. Pero el informe identifica un cuello de botella estructural: la salida. Los requisitos de acceso a la vivienda pública y a los recursos de emergencia están pensados para hogares con dos sueldos y dejan fuera, precisamente, a quien más los necesita. El resultado es que las entidades sociales y las administraciones locales terminan dando respuesta a situaciones de pobreza severa que deberían asumir las políticas públicas de vivienda y de derechos sociales.
El informe concluye con una batería de recomendaciones dirigidas a las administraciones local, autonómica y estatal y a las entidades gestoras, ordenadas según los obstáculos que encuentra una familia monomarental en su itinerario: reconocer la monomarentalidad como categoría prioritaria en los planes de vivienda; abrir el acceso a la Mesa de Emergencias; adaptar la vivienda protegida a la realidad del sueldo único; garantizar una vía de salida desde los programas del tercer sector hacia la oferta pública; financiar de forma estable el acompañamiento profesional, y adaptar las prestaciones y el régimen de extranjería a la maternidad en solitario.
Porque ninguna intervención del tercer sector, por excelente que sea, puede sustituir una política pública de vivienda que reconozca lo que significa sostener una casa con un solo sueldo y sin nadie con quien compartir la crianza.