El conocimiento de ciertos artículos de la Constitución por una parte significativa de la sociedad puede interpretarse como un signo de fortaleza democrática, una muestra de que la ciudadanía es consciente de sus derechos. En España, esto ocurre con el célebre artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Gran parte de la ciudadanía ha oído hablar o leído este artículo en algún momento. Sin embargo, más que reflejar un buen síntoma democrático, su constante mención es la prueba de un problema: la incapacidad de los poderes públicos para garantizarlo. La crisis de la vivienda es uno de los principales problemas en España. No solo se ha consolidado en los últimos tres meses como la principal preocupación de la ciudadanía, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sino que ha desencadenado una oleada de movilizaciones en todo el país. Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Albacete, Burgos, Jerez, Oviedo, Zaragoza, Salamanca, Bilbao… todas estas ciudades han salido a las calles para reclamar una vivienda digna para todos.

Ante esta situación, surge una cuestión clave: ¿qué entendemos realmente por una vivienda digna? Pese a ser un concepto que se utiliza con frecuencia, no existe una bibliografía exhaustiva que defina claramente sus parámetros y significados.

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Artículo de Joan Roca, Raluca Budian e Ignasi Martí del Observatorio de Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, publicado en Cinco Días el 23 de abril de 2025.

Imagen de Paco Puentes "Viviendas de la localidad de Cáceres"