La opinión pública no basta para que las empresas rindan cuentas

Pese a las conocidas deficiencias morales y prácticas que supone contar con un “caso empresarial” para justificar su buena actuación, numerosas organizaciones siguen operando como si los beneficios económicos –más que las preocupaciones éticas– deban guiar todas las decisiones del negocio. En concreto, algunos líderes sostienen que la opinión pública tiene un coste reputacional (y, por tanto, financiero) en caso de haber trabajado con gobiernos u otros socios de negocios que hayan podido cometer abusos sobre los derechos humanos. Estas motivaciones financieras con frecuencia son esgrimidas implícitamente como alternativa a otros mecanismos –como los requisitos legales– para garantizar que las empresas respetan los derechos humanos.

Este argumento gira en torno a la idea de que los clientes o demás stakeholders castigarán aquellas empresas que estén asociadas con escándalos relacionados con los derechos humanos, con lo cual las empresas se verán incentivadas naturalmente a persuadir a sus socios para que dejen de cometer violaciones y pongan remedio al daño que hayan causado, o a evitar establecer relaciones con socios que cometan abusos, o abandonarlas. Todo lo anterior parece plausible; sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo por Rita Mota, del Instituto de Innovación Social de Esade, y Matthew Amengual y Alexander Rustler, de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford, señala que cuando se trata de proteger los derechos humanos, la opinión pública no siempre resulta un mecanismo efectivo para alinear la toma de decisiones con las normas éticas.

Leer el artículo (artículo en inglés)

Autores:
Matthew Amengual, University of Oxford’s Saïd Business School
Rita Mota, Universitat Ramon Llull’s Esade Business School
Alexander Rustler, University of Oxford’s Saïd Business School

Imagen: master1305/Getty Images