“El sector público español ha mejorado su efectividad en los últimos años, según los índices internacionales. Pese a ello, hay todavía un amplio recorrido de mejora si comparamos su efectividad con la de los países más avanzados de la Unión Europea”. Francisco Longo, director general adjunto de ESADE, ha argumentado así la necesidad de informes como “El empleo público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz”, elaborado por investigadores de ESADE, editado por Instituto de Estudios Económicos (IEE) y presentado hoy en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Un documento que supone una hoja de ruta, no solo para la mejora del capital humano del empleo púbico, sino también, y dado su peso cuantitativo —3 millones de personas— y su carácter intensivo en los servicios públicos, “para la mejora del desempeño de los gobiernos y las organizaciones públicas españolas”, como ha afirmado Longo.

El empleo público, tras la crisis

El empleo público español no presenta un problema de exceso de tamaño. El número de empleados es intermedio entre los países desarrollados y se halla por debajo de la media OCDE, aunque la comparación debiera tener en cuenta que, en otros países, un porcentaje sensiblemente mayor de empleados públicos lo son a tiempo parcial. Sin embargo, según se puede observar en el estudio presentado hoy, la radiografía es bien distinta si se analiza la dinámica subyacente. “El número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 25 años —ha comentado Francisco Longo—. Incluso en plena crisis, en 2008, cuando el país ya destruía masivamente empleo, los tres niveles de Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos”. “Luego, la recesión impuso dos años de reducción, pero se trató de un paréntesis”, ha añadido el director general adjunto de ESADE, quien también destaca que la recuperación ha supuesto un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008: “La peculiaridad apunta, por tanto, más que a un tamaño hipertrofiado, a una fuerte tendencia expansiva, difícil de controlar por las Administraciones”.

Por otra parte, el empleo público en España representa más de la mitad de los costes de producción del Gobierno central, proporción sensiblemente superior a la de los países centrales de la Unión. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos, es decir, externalizaciones, es considerablemente inferior al de estos países. “Este dato hace pensar que el desarrollo de la colaboración público-privada podría permitir, a condición de diseñarse con rigor, equilibrar los riesgos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos”, ha sugerido Francisco Longo.

Envejecimiento, temporalidad y bajo índice de cualificación

En cuanto a las características del capital humano, el informe de ESADE señala que el sector público español presenta un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, circunstancia que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno. En la Administración General del Estado (AGE), cuyas funciones son básicamente reguladoras y planificadoras, los puestos para los que no se exige titulación superior rondan el 70 por ciento. En cambio, las posiciones directivas ocupan a un número de personas claramente inferior al de la media de la UE. “Paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria —ha apuntado Francisco Longo—. Este fenómeno de sobre cualificación (nivel de educación formal que sobrepasa la exigida para la tarea) implica, entre otros problemas, un serio desperdicio de talento”.

“El déficit de cualificación del capital humano del sector público, preocupante en un contexto de complejidad creciente, se ve agravado por dos factores: el envejecimiento y la temporalidad”, ha continuado el director general adjunto de ESADE. En 2014, el número de empleados de más de 60 años superó al de los menores de 30, y en dos años el diferencial ha aumentado ya tres puntos porcentuales. El empleo público temporal presenta en España las cifras más altas entre los países de la UE, con la única excepción de Polonia. En este sentido, el informe presentado hoy subraya que, en general, el acceso al empleo temporal presenta en las administraciones españolas requerimientos de mérito y capacidad inferiores a los del empleo estable.

La remuneración, inversamente proporcional a la cualificación

En el ámbito de la retribución, el estudio señala que la remuneración de los empleados públicos españoles se encuentra, en relación con el PIB, ligeramente por encima de la media OCDE. Entre 1999 y 2008 crecieron sensiblemente por encima de las del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de estas (INE, 2014). Si se analiza por categorías, como hace el informe de ESADE, este diferencial es inversamente proporcional a la cualificación del trabajo: favorece a los segmentos de inferior cualificación, pero sitúa, en cambio, muy por debajo de las retribuciones del sector privado a las categorías técnicas de alta cualificación y a los puestos de carácter directivo. Este desequilibrio de la estructura salarial se ha visto acentuado por la distribución de los recortes durante la crisis, que han penalizado más a las categorías profesionales superiores. “Por otra parte, el bajo uso de la evaluación del desempeño impide, en general, vincular una parte de los salarios al rendimiento”, añaden los autores del texto presentado hoy.

Una función directiva desregulada y perjudicada por la crisis

“La uniformidad y la rigidez son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español”, ha afirmado Francisco Longo. El estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican funciones de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios (ciencia, I+D+i, educación, salud, servicios sociales, etc.) que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público. Desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos son dos recomendaciones en las que los expertos de ESADE coinciden ampliamente.

Uno de los déficits más notables del sector público español es que no dispone, ni en la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o a escala local, de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección. “La consecuencia más generalizada es la politización de estos cargos y la colonización de la gerencia pública por los partidos”, ha comentado Francisco Longo para quien “urge la creación, en los diferentes niveles de Administración, de un régimen diferenciado de directivos públicos que, como en otros países de nuestro entorno, aleje la provisión de estos cargos del ciclo electoral, garantice su profesionalidad, vincule su gestión a los resultados y establezca mecanismos adecuados de rendición de cuentas”.

“Los expertos coinciden en que las políticas de empleo público debieran dar prioridad en los próximos años a la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas con un fuerte énfasis en la dotación de talento cualificado y directivo, la introducción de prácticas avanzadas y flexibles en la selección y la evaluación, la apertura del abanico salarial y la aproximación de las políticas salariales a sus mercados de referencia, la vinculación entre la compensación y el rendimiento y la profesionalización de las relaciones laborales y la negociación colectiva”, ha concluido el director general adjunto de ESADE.

“El Empleo Público en España: Desafíos para un estado democrático más eficaz”, ha sido elaborado por los profesores de ESADE Carlos Losada, Francisco Longo y Manuel Férez, y Adrià Albareda, del Institute of Public Administration of Leiden University.

El acto de presentación del informe ha contado con la presencia de Rafael Catalá, ministro de Justicia; Ana Plaza, secretaria general de la CEOE; Juan Pablo Lázaro, director de la CEIM; José Luis Feito, presidente del EII y Francisco Longo, director general adjunto de ESADE.