Dilemas republicanos
La gran mayoría de los notables del partido republicano saben que han conseguido solo la mitad de sus objetivos con la llegada de Donald Trump al poder. Han recuperado la Casa Blanca y han dejado hecho trizas al establishment demócrata. Pero su ideal de gobierno limitado, inspirado en valores conservadores, no es la guía de la nueva Administración que está poniendo en pie el magnate neoyorkino. Temen que el ideario republicano puede quedar igual de maltrecho que el legado demócrata. No se atreven a desafiar a corto plazo a su candidato, artífice de la victoria de la la América oculta, un insurgente ajeno a la política y volcado en el triunfo mercantil de su marca personal, ahora muy popular entre las bases republicanas. No obstante, Newt Gingrich, antiguo presidente de la Cámara de Representantes, ha empezado a acusar a Trump de no estar interesado en “drenar la ciénaga en la que se había convertido la capital federal, según decía en la campaña. Paul Ryan, líder de la mayoría en el Senado, también espera la oportunidad de contrapesar a Trump si eleva el gasto público u opta por el proteccionismo económico. El presidente electo empieza a sentirse cómodo en la burbuja de Washington y ha poblado su gabinete de representantes de intereses especiales. Por ahora no tiene prisa por separar con precisión su futura acción como jefe de Estado de sus negocios familiares. Sin mucho orden, se reúne durante todo el día con una larga cola de peticionarios, seleccionados por miembros de su familia, integrantes de su seguridad privada o conseguidores afines. Barack Obama también hace cola para ofrecerle criterios con los que no tirar por la borda el poder blando de Estados Unidos en la esfera internacional y evitar también el trazo grueso en cuestiones domésticas como la sanidad o la inmigración. La esperanza de muchos republicanos comienza a ser que Trump sea incapaz de cumplir la mayor parte de sus promesas. Cuentan con las inercias de las burocracias federales, la oposición de un legislativo solo aparentemente afín y la garantía del Estado de Derecho por el Tribunal Supremo.
