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Congreso Unijes 2010: "La Prueba Judicial"

El 6º Congreso Unijes "La prueba Judicial", celebrado los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 en la Facultad de Derecho ESADE, tuvo por finalidad una reflexión jurídica sobre la prueba judicial, de carácter transversal, que aborda los temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho Probatorio en cada una de las jurisdicciones (civil, penal, contenciosa-administrativa y laboral) y temas específicos de probática, sobre cómo probar determinados hechos en el proceso. Dicho Congreso ha dado lugar a la publicación de la obra "La prueba Judicial", (ed. La Ley 2011), que recoge hasta un total de 83 ponencias distribuidas en catorce capítulos.

A continuación ofrecemos una selección de seis ponencias incluidas en la obra "La prueba judicial":

Pedro Mirosa Martínez

El juicio de impugnación de acuerdos sociales se centra en la eficacia de los acuerdos adoptados por los órganos sociales colectivos de las sociedades de capital, en especial los de la junta general de socios. Dichos acuerdos pueden ser declarados nulos o anulables, debiendo distinguir, a criterio del autor, dos fases de aproximación por parte del juez en esta clase de juicios. Es en la segunda fase, que trata de penetrar en la legitimidad del acuerdo, en la que se plantean las mayores dificultades probatorias. Nos encontramos ante una materia de prueba especialmente difícil, más aún cuando es frecuente la creación de una empresa paralela, lesionando el interés social.

Esther Sánchez Torres

En los procesos por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación está adquiriendo gran importancia la 'prueba estadístic', consistente en la aportación y valoración de datos estadísticos significativos de la situación de colectivos especialmente protegidos por la norma. El desarrollo teórico del concepto de 'discriminación indirecta' ha supuesto un verdadero revulsivo en los procesos de tutela antidiscriminatoria y en políticas sociales, tendentes a la consecución del derecho a la igualdad de oportunidades. Por otra parte, la incorporación del < > a la actuación de los Tribunales va a exigirles realizar una valoración del impacto que su decisión pueda tener sobre determinadas situaciones económicas.

Íñigo A. Navarro Mendizábal

El concepto de producto defectuoso es tremendamente complicado, siendo la prueba del defecto una tarea de argumentación. A criterio del autor, convendría realizar un esfuerzo en sistematizar esta materia por cuanto existe una gran disparidad normativa de conceptos, como son los de seguridad de los productos, conformidad y productos defectuosos. El defecto puede hallarse en la fabricación, en el diseño o en la información y, en cada una de estas categorías, la prueba es de muy distinta naturaleza. Al tener que probar el defecto del producto, parece claro que la prueba debe versar sobre la falta de seguridad que cabría legítimamente esperar, resultando ineludible tener en cuenta la categoría de consumidores a la que se dirige. Si el producto desaparece, además, habría que tener en cuenta la conducta de la propia víctima, pues quizás el daño sea el resultado de ésta.

Pilar Dopazo Fraguío

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental (LRMA) y su desarrollo reglamentario parcial constituyen una de las novedades legislativas más destacadas en los últimos años dentro del Ordenamiento jurídico español, tanto por lo que respecta a la protección jurídica del medio ambiente como al sistema de responsabilidad civil de las empresas / organizaciones. Dicha Ley incorpora un régimen de responsabilidad objetiva y adopta como fórmula básica la presunción de causalidad en la producción de daños y amenazas inminentes, precisando la instrumentalización de los medios oportunos para garantizar su aplicación eficaz en la práctica.

Ramón Múgica Alcorta
Adolfo Ruigómez Momeñe

Son pocos los casos en que jueces y tribunales estiman el recurso por apreciar desviación de poder sucediendo, en no pocas ocasiones, que no queda acreditado el vicio de desviación. Los autores del presente trabajo se centran en aspectos probatorios, tratando de indagar en los avances jurisprudenciales y de realizar un análisis de la psicología judicial. En España, la desviación de poder ha tenido que enfrentarse al rigorismo con que los Tribunales se pronunciaban sobre su demostración. Sin embargo, una sentencia de 1 de octubre de 1982 impuso un cambio de rumbo, permitiendo un despegue hacia posiciones mucho más matizadas y flexibles.

Gema Tomás Martínez

La cláusula europea de inversión de la carga de la prueba aplicable al proceso civil y al contencioso-administrativo, en supuestos de discriminación por razón de sexo, ha sido incorporada al Derecho español a través del artículo 13 de la Ley de igualdad efectiva 3/2007. En el proceso laboral ya estaba regulada desde el año 2003. A criterio de la autora, resulta confusa la terminología empleada, cuestionándose si el legislador español ha querido rebajar más la carga probatoria de la parte actora, si por 'alegaciones' se entiende la mera afirmación de hechos de los que resulta la discriminación. Si ello fuera así, habría que decir que la ley española no respeta las Directivas cuya trasposición persigue llevar a efecto, y además estaría en contradicción con la regulación de la discriminación por otros motivos diferentes al sexo, como son el origen racial, étnico o la discapacidad.