El presidente Macri ganó las elecciones de 2015, pero pronto descubrió que existía una pesada carga que le exigiría hacer frente a siete retos: Reducir drásticamente el déficit público (del gobierno central y los de las provincias); dejar de sobrevalorar el tipo de cambio del peso contra el dólar americano; liberar las exportaciones, sin imponer recargos; dejar de subsidiar la energía y los transportes,  que pagaban la clase media, pero no las clases menos  favorecidas; emprender una reforma fiscal que no favoreciera la economía sumergida y, en fin, conseguir que el gasto público no fuera financiado por el Banco Central, es decir, que no se imprimieran billetes para cubrir el exceso de los gastos públicos sobre la recaudación fiscal.  Algunos medios han publicado que las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido penosas y precarias, con el recuerdo amargo de la quiebra de 2001, pero no es cierto. 

La realidad es muy distinta: desde 2015, el FMI analizó la evolución de Argentina y publica el denominado Capítulo IV, que contiene un diagnóstico acompañado de recomendaciones, tras las deliberaciones que una comisión del FMI y el gobierno de la nación acuerdan, con la base de la transparencia de las cuentas del Banco Central. La última se celebró el 18 de diciembre del pasado año en Buenos Aires. El saldo de la Balanza de Pagos por Cuenta Corriente (BPCC) es el resultado de una identidad: la diferencia entre el Ahorro Nacional y la Inversión Nacional.  Cuando la diferencia es positiva, el país acumula dólares; si es negativa debe endeudarse a menos que las inversiones directas de capitales extranjeros le permitan equilibrar el desajuste.

El gobierno anterior nacionalizó los activos de Repsol para basar el crecimiento en la explotación de los hidrocarburos, pero las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía no registran exportaciones de petróleo. El país los importó para las refinerías y el consumo doméstico.  Esto es contradictorio con las noticias según las cuales en los yacimientos de Vaca Muerta existía un potencial extraordinario para el “fracking” y conseguir combustibles fósiles para exportarlos.  Posiblemente sólo Repsol tenía la tecnología y los capitales necesarios para esos proyectos de la era Kirchner.

Según los datos que publicó el FMI, la BPCC fue negativa entre los años 2009 a 2014 (0,5% del Producto Interior Bruto, PIB) y empeoró cuando el gobierno Macri tomó medidas contra los subsidios, la corrupción y siguió la política de evitar la vulnerabilidad del país ante los mercados de capitales. Dicha BPCC fue negativa en 2016 (-2,7% del PIB) y peor en 2017 (-4,3% del PIB).  Las estimaciones del FMI apuntaron en diciembre del pasado año a una devaluación inevitable del peso si no se tomaban las medidas que se analizaron en Buenos Aires. Se dice que los argentinos tienen más miedo a cuántos pesos vale un dólar estadounidense que a la tasa de inflación, pero en 2017 la inflación fue del 23,6%. El presidente Macri anunció que en 2018 bajaría al 15%. Siguieron imprimiendo billetes y las expectativas se dispararon y en la última semana de abril de este año se puso de manifiesto la vulnerabilidad de Argentina cuando los bonos del Tesoro americano rindieron el 3% y muchos especuladores prefirieron colocar sus capitales en el extranjero. Cuando el dólar costó 23,5 pesos fue necesario elevar el tipo de interés oficial del 32,25% al 40%.  El Banco Central intentó salvar el valor del peso vendiendo más de 5.000 millones de dólares, pero fue insuficiente. Para concluir, durante 2017 aumentó el crédito bancario y con él lo hizo el gasto doméstico y la inflación, convirtiéndose en el tercer país de América Latina con una mayor tasa de crecimiento de los precios.   En febrero de este año, Argentina entró en una espiral de creciente vulnerabilidad, porque no pudo hacer frente al fortalecimiento del dólar americano y el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las expectativas de Argentina no podían mejorar y finalmente el presidente Macri tuvo que pedir ayuda financiera al FMI, poniendo en peligro su crédito político para presentarse a las próximas elecciones, pues muchos lo interpretaron como una vuelta atrás, recordando los peores años que terminaron en la quiebra del año 2001. Afortunadamente, el diagnóstico es claro y también las medidas que deben tomarse y en esta oportunidad el FMI no se muestra con la dureza que actuó en la década de los años noventa.