Recientemente, Bruselas publicó el tan esperado decreto ómnibus, que simplifica las cargas administrativas exigidas por las diferentes regulaciones europeas en materia de sostenibilidad para un buen número de empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Se estima que excluye del ámbito de aplicación de las directivas de reporting en materia de sostenibilidad (CRSD) y debida diligencia (CSDDD) al 80% de las compañías inicialmente incluidas, con una reducción en costes para las pymes, valorada por la Comisión Europea en 6.300 millones de euros.