La automoción es un sector clave para la economía española –España es el octavo país del mundo en producción automovilística–, pero es también el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, el transporte genera en España el 26 % de las emisiones totales y, en concreto, el coche particular es el causante de la mayor parte, con un 63 %. El informe La transición hacia una automoción baja en carbono. Desafíos y oportunidades para la inversión sostenible, elaborado por el Instituto de Innovación Social de ESADE y la Fundación Caja de Ingenieros, concluye que, para evitar consecuencias graves para el medio ambiente y para la salud de las personas, es necesario evolucionar hacia un sector más sostenible, adoptando medidas como el fomento del vehículo eléctrico, la desinversión en los combustibles fósiles, la mejora de la eficiencia de los carburantes o el replanteamiento de la movilidad en general.

Para Daniel Arenas, autor del informe y profesor de ESADE, “uno de los mayores retos es potenciar la adquisición de vehículos eléctricos, que deberían representar el 35 % de las compras en 2030”, y ha añadido que “la Administración debería contribuir y regular las limitaciones de coste convencionales en las ciudades”.

Desde el punto de vista financiero, Josep Oriol Sala, presidente de Caja de Ingenieros, ha afirmado que “el rol del sector financiero en la descarbonización es de vital importancia para la transición energética hacia una economía baja en carbono, debido a su capacidad para financiar proyectos del ámbito de la tecnología baja en carbono o para fomentar la inversión socialmente responsable”.

Movilidad sostenible: una necesidad y un desafío

El estudio de ESADE y la Fundación Caja de Ingenieros apunta que, frente a la tendencia europea, en España las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido un 17,8 % desde 1990. Esta tendencia se contrapone con la necesidad de limitar el incremento de las temperaturas a menos de 2ºC –según los expertos, lo deseable sería que dicho aumento no fuera superior a 1,5ºC. Para ello, empresas y organizaciones del sector se han comprometido a promover un modelo de movilidad más sostenible para el medio ambiente, aunque es necesaria una propuesta integral que implique a fabricantes, proveedores, consumidores y el sector público, el cual ha de adoptar un papel activo a la hora de regular, planificar e incentivar esta transición, asumiendo parte del coste de ella, a favor de alternativas menos contaminantes, así como los desafíos que se derivan de ello.

Aunque la adopción del vehículo eléctrico es una medida atractiva, presenta algunos desafíos, como la huella de carbono producida por los coches eléctricos, que, aunque es más reducida que la de los vehículos tradicionales, también existe; el alto nivel de emisiones que se deriva de su fabricación; el impacto energético que implica su carga eléctrica, y el impacto social y ambiental que entraña la extracción de los minerales necesarios para su fabricación.

Además, el vehículo eléctrico tiene actualmente una presencia mínima en España. Aunque la producción de coches eléctricos en nuestro país se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, los vehículos de estas características todavía representan menos del 1 % del parque nacional de turismos. Ello se debe, principalmente, a la falta de una infraestructura de recarga adecuada y a unos precios poco competitivos para los compradores. El informe estima que, para popularizar este método de transporte, habría que multiplicar por más de 90 el número de puntos de recarga públicos existentes en 2015.

Algunas empresas ya están apostando por replantearse la movilidad. En el estudio, se exponen, por ejemplo, los casos de Silence, una empresa española líder en la fabricación de motos eléctricas, que está a punto de convertirse en la principal proveedora de motos para servicios de motosharing en España; de Nissan, que ha colaborado con varias instituciones públicas para fomentar el coche eléctrico y compartido, o de Som Mobilitat, que propone un modelo cooperativo de carsharing con coches sostenibles, además de otras iniciativas, como las de Wallbox y del Ayuntamiento de Barcelona.

Cómo prestar apoyo financiero a una automoción baja en carbono

Como señala el informe, aunque el cambio climático plantea algunos riesgos de índole física, regulatoria o tecnológica para el sector financiero, también supone una oportunidad, puesto que aquellas empresas que logren adaptarse mejor a una economía más sostenible para el medio ambiente podrían tener ventajas competitivas, obtener una mayor rentabilidad en sus inversiones y beneficiarse de mayores oportunidades de financiación.

Con relación a este último punto, el informe destaca que, en los últimos cinco años, el universo de bonos verdes o bonos climáticos se ha triplicado hasta alcanzar hoy los 1.200 millones de dólares a escala mundial, y la mayoría de esta cuantía se destina a la descarbonización del transporte. Aunque las empresas que más emiten este tipo de bonos son las de ferrocarriles, cada vez más empresas del sector automovilístico recurren a los bonos verdes o climáticos para desarrollar sus vehículos eléctricos e híbridos, y las infraestructuras para la recarga de las baterías. Sin embargo, hasta ahora estos bonos representan solo el 2 % de los emitidos por este sector.