¿Quién financiará las inversiones para descarbonizar Europa? Primero, el BEI (Banco Europeo de Inversiones), creado en 1957 para financiar grandes infraestructuras. Fue el primer banco público de la UE que financió en la petroquímica de Tarragona una planta de incineración de residuos altamente tóxicos, no lejos de donde se produjo la trágica explosión del día 14. Un grupo de empresas construyó en Constantí la incineradora que evitó que esos residuos contaminaran el Tarragonès y atravesaran por ferrocarril subterráneo la ciudad de Barcelona. Al cabo de más de 25 años financió en España proyectos para energías limpias y otros que contribuyeron a descarbonizar la industria española, lo que ha supuesto préstamos por encima de 100.000 millones de euros. Los acuerdos de París y el de Chile/Madrid de la COP25 van a multiplicar esos valores.

Los fondos del BEI no son ilimitados, pero han tenido mucho éxito emitiendo bonos verdes que compran fondos de inversiones y compañías de seguros: rinden menos que los de más riesgo, pero su capacidad de financiación aumentará porque los nuevos que emita los comprará el BCE, según la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

Catalunya tiene más de 900 municipios, y posiblemente casi la mitad podrían entrar en el grupo de “la Catalunya vaciada”, porque pierden población; no tienen servicios sanitarios; cierran las escuelas por falta de niños; los enfermos crónicos no pueden desplazarse a los hospitales, y los jóvenes buscan empleo en los centros industriales. El BEI podría financiar proyectos para el entorno de esos municipios, generar energía limpia que se transmitiera a la red eléctrica y crear nuevos empleos que repoblaran las tierras abandonadas. Dos compañías eléctricas han anunciado un gran campo de energía fotovoltaica en Extremadura y otro en Andalucía. Cada uno de ellos puede tener una potencia instalada equivalente a la central nuclear de Vandellós. El BEI financia también grandes residencias en las que se consiga menor consumo de energía y que dejen de emitir gases contaminantes.

Hasta aquí la parte positiva. Pero arrastramos las consecuencias del gobierno Rajoy, que canceló los subsidios que habían creado miles de instalaciones de energías renovables. Un decreto de noviembre del 2019 ofreció pagar el 7,39% a los inversores que habían presentado cientos de pleitos para que renunciaran a los procesos judiciales. El gobierno había perdido hasta entonces diez laudos internacionales, y quedan todavía muchos procesos pendientes, valorados en millones de euros. El nuevo Ejecutivo de coalición tiene que compensar a los que fueron defraudados con promesas. La España vaciada podría beneficiarse también de esos fondos y dejar de ser la Laponia del Sur.