Innovación y emprendimiento como fuente de crecimiento económico son una receta indiscutida. Los emprendedores privados, Steve Jobs como arquetipo, y el capital riesgo se nos presentan como ejemplos a seguir.

Menos frecuente es reconocer el papel del Estado, con los recursos aportados por los contribuyentes, como elemento determinante de la mayoría de las innovaciones más importantes. Es lo que hace brillantemente la profesora Mariana Mazzucato en su libro The entrepreneurial state. Comenta que las 12 tecnologías fundamentales para que funcionen los iPhones y los iPads, desde internet y la tecnología celular y la de redes hasta las pantallas de cristal líquido y las baterías de litio, son resultado de investigaciones financiadas públicamente. El indiscutible genio de Jobs supo integrarlas y presentarlas en formas extremadamente atractivas para los consumidores, convirtiendo a Apple en un icono empresarial.

Cuando se debaten los presupuestos 2015 y reducir gastos es el mantra predominante, vale la pena recordar el protagonismo imprescindible del Estado en investigación científica, pese a que altos ejecutivos y accionistas son los grandes beneficiarios en el reparto de las ganancias obtenidas de la innovación, ya que entran en fases más maduras del proceso innovador, cuando el riesgo es menor y se ha cruzado el valle de la muerte en el que quedan muchas inversiones en investigación y desarrollo.

Estamos ante un problema de gobernanza. Corresponde a los parlamentos dar res
puestas que anuden sostenibilidad de la innovación y equidad en la distribución de sus beneficios. Invertir en investigación en época de crisis, perder el miedo al fracaso y asumir su coste requiere un cambio de mentalidad frente al papel de lo público que hay que promover. Una cosa es administrar servicios públicos, en donde la prudencia es virtud, otra descubrir nuevos fármacos o fuentes de energía en que la dialéctica prueba-error es el estándar. En cómo hacerlo puede ilustrarnos la agencia estadounidense ARPA-E, que busca nuevas tecnologías energéticas y a cuya web nos lleva Google, con un algoritmo también financiado públicamente.

Es hora de pactar unas reglas de juego que reconozcan el papel del Estado emprendedor para que la retórica de la innovación se encuentre con la realidad.