Ante esta situaci\u00f3n Gobierno ha empezado a se\u00f1alizar (de manera cautelosa) acciones. Es el momento, por tanto, de recordar lo que ya sabemos<\/strong> a partir de la evidencia que hemos generado durante estos a\u00f1os:<\/p>\n La crisis alberga riesgos que van m\u00e1s all\u00e1 de lo energ\u00e9tico. Cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes transita por el Estrecho de Ormuz. Catar, Arabia Saud\u00ed, Emiratos e Ir\u00e1n son proveedores centrales de urea (el fertilizante nitrogenado m\u00e1s utilizado del mundo: el Golfo acumula casi la mitad de sus exportaciones globales) y de los precursores qu\u00edmicos que la industria necesita. En la primera semana tras la escalada, los precios FOB de la urea subieron un 37%. Adem\u00e1s, el gas natural supone alrededor del 70% del coste de producci\u00f3n de los fertilizantes nitrogenados, de modo que cada subida del gas se transmite directamente a los costes agr\u00edcolas. El timing<\/em> tambi\u00e9n importa: la ventana de siembra primaveral del hemisferio norte, cuando la demanda de nitr\u00f3geno alcanza su pico anual.<\/p>\n El gobierno ha descartado por el momento una rebaja del IVA a los alimentos<\/strong>, argumentando que “no estamos observando todav\u00eda este canal de transmisi\u00f3n”. Es cierto que un eventual impacto alimentario llegar\u00eda con retardo respecto al energ\u00e9tico. Pero conviene tener preparada la respuesta para cuando llegue. De hecho, el PP ya impuls\u00f3 a finales de 2025 una rebaja amplia (IVA al 0% para leche, huevos, frutas, verduras y legumbres, y al 4% para carnes y pescados), que el Gobierno vet\u00f3 aduciendo un coste de 3.780 millones de euros. La rebaja temporal vigente entre 2023 y 2024 expir\u00f3 el 1 de enero de 2025: los alimentos b\u00e1sicos tributan de nuevo al 4% (tipo superreducido habitual), mientras que pastas y aceites de semillas volvieron al 10%. Solo el aceite de oliva fue reclasificado permanentemente al 4%.<\/p>\n Si la inflaci\u00f3n alimentaria se reactiva, la presi\u00f3n para volver a rebajar el IVA tambi\u00e9n lo har\u00e1. Conviene, por eso, recordar lo que ya sabemos. Nuestra evaluaci\u00f3n causal de aquella medida<\/a> mostr\u00f3 que en las grandes superficies la rebaja se traslad\u00f3 casi \u00edntegramente a los precios finales (m\u00e1s del 90% de traslaci\u00f3n en las primeras semanas).<\/p>\n Ahora bien, ese buen pass-through<\/em> inicial no hac\u00eda de la medida un instrumento eficiente<\/strong>. El ahorro represent\u00f3 apenas un 0,3% del gasto anual del decil m\u00e1s pobre y un 0,13% del m\u00e1s rico: una fracci\u00f3n diminuta de la inflaci\u00f3n alimentaria acumulada del 13% entre 2021 y 2023. Y, sobre todo, cinco de cada diez euros que se dejaron de recaudar fueron a parar al 40% de hogares con mayor capacidad econ\u00f3mica. En t\u00e9rminos absolutos, el ahorro era de unos 35 euros anuales para los hogares del primer decil y 85 euros para los del \u00faltimo.<\/p>\n La conclusi\u00f3n que ya entonces plante\u00e1bamos es que una transferencia directa a hogares de renta baja habr\u00eda sido m\u00e1s eficaz distributivamente y m\u00e1s barata para las arcas p\u00fablicas como mecanismo para amortiguar shocks de precios: focalizar el gasto en los hogares m\u00e1s expuestos habr\u00eda logrado m\u00e1s protecci\u00f3n con menos coste y menos distorsi\u00f3n. El problema es que Espa\u00f1a no dispone de transferencias que funcionen a la escala y velocidad que un shock exige.<\/p>\n Los instrumentos que sobre el papel se aproximan a esta l\u00f3gica son los bonos sociales energ\u00e9ticos. El el\u00e9ctrico aplica un descuento directo en la factura de la luz para hogares acogidos a la tarifa regulada que cumplan criterios de vulnerabilidad; el t\u00e9rmico es un pago \u00fanico anual para cubrir gastos de calefacci\u00f3n. Son, conceptualmente, un instrumento focalizado y progresivo. Durante la crisis de 2022 los descuentos del primer tipo se elevaron hasta el 65% de la factura para consumidores vulnerables y el 80% para vulnerables severos; actualmente se mantienen reforzados, aunque menos (42,5% y 57,5% respectivamente, hasta fin de 2026).<\/p>\n Pero su alcance sigue siendo insuficiente. Nuestro informe de 2024<\/a> describi\u00f3 por primera vez las tasas de cobertura del bono social el\u00e9ctrico: nuestra estimaci\u00f3n general es que solo un 24,5% de los potenciales beneficiarios accedieron a la ayuda, descendiendo al 9,2% entre jubilados con pensi\u00f3n m\u00ednima, mientras que el 60% de las familias numerosas de renta media-alta lo tiene. Porque resulta que uno de los canales de acceso no es progresivo: se puede pedir el bono con solo acreditar la condici\u00f3n de familia numerosa.<\/p>\n La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ\u00e9tica 2026-2030, aprobada el pasado febrero, da un paso en la direcci\u00f3n correcta al plantear criterios de renta para todos los colectivos del bono social, incluidas las casi 285.000 familias numerosas que hasta ahora acced\u00edan sin acreditarlos. Pero las medidas para cerrar la brecha de cobertura siguen siendo t\u00edmidas: eliminaci\u00f3n de penalizaciones por cambiar de comercializadora, protecciones ante refacturaciones, exigencia de constancia escrita cuando un consumidor abandone el PVPC con bono social. Son mejoras procedimentales en el margen. Es significativo que, tres a\u00f1os despu\u00e9s de que recomend\u00e1ramos automatizar el bono cruzando bases de datos de Hacienda y la Seguridad Social, la l\u00f3gica siga siendo la misma: el hogar debe solicitar, demostrar y esperar.<\/p>\n Y hay una cuesti\u00f3n de fondo: \u00bfrealmente tiene m\u00e1s sentido una transferencia o descuento concretos contra la pobreza energ\u00e9tica si hay canales para la pobreza en general<\/em>? Al fin y al cabo, el hogar como unidad de consumo sufre el shock inflacionario y la carencia derivada en el conjunto de su presupuesto, por mucho que afecte solo a una parte de la cesta de la compra. Disponer de un Ingreso M\u00ednimo Vital de mayor alcance permitir\u00eda emplearlo como canal de estabilizaci\u00f3n de ingresos ante coyunturas como la actual o la de 2022. Pero la cuarta opini\u00f3n de la AIReF (julio de 2025) constata que el IMV no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes desde su creaci\u00f3n: la tasa de non take-up se mantiene en el 55% (72% en el complemento de ayuda a la infancia), los tiempos medianos de tramitaci\u00f3n siguen en 203 d\u00edas y a cierre de 2024 la prestaci\u00f3n apenas alcanzaba a 392.000 hogares. El diagn\u00f3stico es el mismo que para el bono social: la l\u00f3gica opt-in, la complejidad del procedimiento y la falta de automatismos impiden que la transferencia llegue a quien la necesita.<\/p>\n La mayor partida de transferencias del Estado a los hogares son las pensiones. Y quiz\u00e1s la forma en que se actualizan no es neutral para el resto de la pol\u00edtica econ\u00f3mica: la indexaci\u00f3n autom\u00e1tica al IPC introduce un sesgo en la toma de decisiones del gobierno ante cada shock de precios. Cuando cada punto de inflaci\u00f3n se traduce directamente en miles de millones de gasto adicional en pensiones, cualquier ejecutivo tendr\u00eda un incentivo adicional para intervenir los precios: no solo quiere amortiguar el impacto en el consumidor, sino frenar el contador de la revalorizaci\u00f3n.<\/p>\n Porque, con la indexaci\u00f3n autom\u00e1tica al IPC, cada punto de inflaci\u00f3n se traduce en gasto p\u00fablico adicional. En 2023, la revalorizaci\u00f3n del ~8,5% cost\u00f3 m\u00e1s de 12.000 millones de euros: la mitad del nuevo gasto social previsto en los Presupuestos. Analiz\u00e1ndola<\/a>, mostramos que la revalorizaci\u00f3n universal era pr\u00e1cticamente neutra en t\u00e9rminos distributivos: reduc\u00eda el \u00edndice de Gini un 0,02%. El 21,2% del coste iba al decil de mayor renta, y solo el 13% al 30% m\u00e1s pobre.<\/p>\n\n
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<\/p>\nEl (potencial) canal alimentario<\/h3>\n
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<\/p>\nLas transferencias como colch\u00f3n alternativo<\/h3>\n
\u00bfTenemos un gasto p\u00fablico demasiado expuesto a la inflaci\u00f3n?<\/h3>\n