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Interrogantes que deja la sentencia del Supremo

El Economista | | 2 minuts de lectura

La decisión final del pleno del Tribunal Supremo del pasado día 6 de noviembre devuelve (por un ajustado margen) la situación del impuesto sobre hipotecas a su punto de partida, que no a su punto final. Aunque un análisis estrictamente jurídico es mejor dejarlo para los juristas, habrá que ver cómo justifica el Alto Tribunal que el criterio aplicado en una decisión firme sobre un caso concreto no aplique en casos análogos. Las distintas asociaciones de defensa de los consumidores advierten además claramente que la batalla jurídica seguirá.

Como señalan por otro lado algunos analistas políticos, la decisión final no es tan llamativa por el fondo como por la forma. Que el Tribunal Supremo reafirme su criterio sobre la interpretación de una norma debiera, en realidad, ser visto como una muestra de que vivimos en un entorno con seguridad jurídica. Más aún, si cabe, cuando dicha interpretación se ha consolidado a lo largo del tiempo y la normativa a la que hace referencia resulta confusa. Es en efecto el proceso seguido lo que resulta tan llamativo como preocupante, y lo que genera a su vez dudas sobre que hayamos llegado realmente a un punto final.

¿Y ahora qué? Todo este proceso ha levantado sin duda una alta sensibilidad social. La percepción casi unánime entre la ciudadanía es que este es un impuesto que debería pagar la banca. A este estado de opinión se ha adherido, por oportunismo o por convicción, buena parte de la clase política. Muchos juristas consideran además que, más allá de la normativa actual y de la jurisprudencia, es efectivamente el banco quien se beneficia del registro de la hipoteca y quien debería por tanto ser el sujeto pasivo. De tener que haber un cambio a futuro que refleje este aparente consenso, parece más razonable buscarlo por la vía de una reforma legal que por un cambio de interpretación por parte del Tribunal Supremo sobre una normativa ya existente. El efecto sobre las hipotecas futuras sería el mismo, pero la seguridad jurídica se vería preservada. En el caso de las hipotecas pasadas el daño ya está hecho, y es poco probable que cure pronto.