Según informaciones recientes,  seis centros de trabajo protegido han tenido que cerrar ya en Cataluña como consecuencia de la crisis. Se trata de empresas que, en sectores diversos, proporcionan empleo a más de 7.500 personas aquejadas de diferentes tipos y grados de discapacidad. Las federaciones afectadas temen que la sangría continúe en los próximos meses. Algo falla en nuestra sociedad cuando noticias como ésta pasan inadvertidas a la mayoría, sin merecer mayores comentarios ni reacciones.    

El empleo protegido es una de las piezas menos prescindibles de la arquitectura institucional de nuestro estado de bienestar. Lo es, de entrada, porque suministra un medio de vida a mujeres y hombres que pueden trabajar, y trabajar bien, pero que no dispondrían de las mismas oportunidades que sus conciudadanos para acceder a un empleo remunerado. Eso es, desde luego, importante, pero aún lo es más el hecho de que hace posible la inserción social de personas que, en otro caso, se verían marginadas, excluidas. Por eso, el empleo protegido es la prueba del nueve de nuestra voluntad colectiva de inclusión, de nuestro empeño por no dejar a los más débiles fuera del campo en el que jugamos el partido de la vida cotidiana. Y aún algo más: para algunos –como ocurre, por ejemplo, con los enfermos mentales- la posibilidad de trabajar es la única vía efectiva para profundizar su rehabilitación, para salir de las tinieblas y afrontar una normalización vital que de otro modo les estaría vedada. En definitiva, de lo que estamos hablando es de la fórmula más eficaz que nuestra sociedad ha encontrado para tratar a los discapacitados como ciudadanos. Es como vemos, demasiado lo que hay en juego para que podamos limitarnos a aceptar, como una secuela más de la crisis, la espiral de cierre de las empresas que hacen posible todo eso. Y ¿saben una cosa?, si  no lo decimos en voz bien alta, hay un evidente peligro de que nadie haga nada. Al fin y al cabo, hablamos de grupos sociales que carecen de micrófonos y amplificadores lo suficientemente potentes como para hacerse oír con nitidez en la esfera pública. No tienen sindicatos que les defiendan. No se manifiestan por las calles. No ocupan edificios ni cortan el tráfico en las rondas. No amenazan gravemente el voto de nadie. Son los perdedores ignorados de la crisis, las primeras víctimas en sucumbir a la espontaneidad maltusiana que caracteriza a los períodos, como el que estamos viviendo, de empobrecimiento colectivo. Todo esto mueve a reflexionar sobre los contenidos, las formas y los costes de las políticas públicas destinadas a hacer frente a la crisis. Del 2 por ciento de superávit en 2008 al 10 por ciento de déficit agregado previsto para este año, 12 puntos de déficit fiscal en un ejercicio son, se mire como se mire, mucho dinero público. Son tiempos para acertar en las inversiones a medio y largo plazo que deben permitirnos cambiar el modelo de desarrollo, en la inyección de los estímulos a corto que contribuyan a frenar la recesión, y también para paliar los efectos más crueles de la crisis, protegiendo a los desempleados y manteniendo la cohesión social. Para los gobiernos son, en especial, tiempos para medir bien los costes, y en particular los de oportunidad, es decir, los de aquellas cosas que habrá que dejar de hacer por haberse gastado  el dinero en otras. Desde este ángulo, cuesta entender que se esté dejando caer, entre la indiferencia general, a las empresas de trabajo protegido.   

Para quienes gestionan el presupuesto público en esta crisis, la primera prioridad debieran ser aquéllos que corren el riesgo de perder, al mismo tiempo que su trabajo o la expectativa de conseguirlo, su auténtica carta de ciudadanía. Nadie, como ellos, necesita al estado para que proteja, no ya sus derechos o su bienestar, sino su misma identidad como miembros activos de la comunidad. En palabras recientes de Leonardo Morlino, la democracia desigual incrementa la probabilidad de transformarse en democracia no legítima. Sólo invirtiendo en algo tan básico, tan indiscutible, ganarían los gobiernos la legitimidad que otorga la percepción de la ciudadanía de que se está gastando el dinero público con equidad. Sólo así podrían  aspirar a convencernos de que otras ayudas públicas más discutibles  –a tal o cual sector industrial en crisis, como el automóvil-  eran  socialmente necesarias, de que el rescate de determinada entidad financiera suponía una exigencia ineludible. Sólo cuando las políticas públicas consigan proteger de un modo efectivo a los más vulnerables, empezaremos a estar dispuestos a escuchar argumentos convincentes sobre la conveniencia de gastar el dinero de todos, también, en conmemoraciones, embajadas, viajes oficiales, campañas de comunicación, incrementos de salarios públicos y en cualesquiera otras finalidades de interés general que la prudencia de nuestros gobernantes y su sentido de la buena administración tengan a bien promover.

(Publicado en El Periódico de Catalunya, 19/07/09)

El ruido de sables en Honduras ha hecho reaccionar de inmediato a la comunidad internacional. El recuerdo de tantos episodios característicos de la ominosa herencia golpista de la región late tras la unanimidad de las condenas. Las democracias no pueden sino rechazar el uso de una vía inadmisible para resolver la controversia política. Hay que felicitarse también por el rápido alineamiento de la diplomacia norteamericana con la comunidad internacional, que confirma  el giro positivo de la política exterior de la primera potencia mundial tras la llegada del presidente Obama.

 Dicho esto, convendría añadir que no estamos ante un golpe de estado al uso tradicional. Ciertamente, la asonada militar y la expulsión del presidente legítimo son fórmulas inconstitucionales e inaceptables, pero también es cierto que el presidente Mel Zelaya había creado con sus últimas iniciativas un conflicto institucional insostenible que había puesto en su contra al Parlamento y el Tribunal Supremo del país y le había dejado sin los apoyos de su propio partido y de la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Este hecho es el que hace que su deseable reposición en el cargo resulte ahora una aspiración difícil de materializar, e inasumible si no es mediante una compleja negociación política. Las indudables dotes diplomáticas del presidente de la OEA José Miguel Insulza, uno de los grandes estadistas latinoamericanos contemporáneos, se van a ver seriamente puestas a prueba.

Por eso, resulta interesante reflexionar sobre el origen del conflicto, que no es sino la última manifestación de una patología infecciosa de la política latinoamericana actual que bien podríamos llamar la gripe andina. Los síntomas son conocidos: conseguido el poder gracias a una mayoría coyuntural, se aprovecha ésta para cambiar las reglas de juego, promoviendo una reforma constitucional destinada a perpetuar en el poder a quien gobierna y sus afines políticos. La alternancia política se convierte así en un cambio de régimen, envuelto habitualmente, eso sí, en la retórica emancipadora que caracteriza a la tradición populista de América Latina.

Inoculado por Chávez en Venezuela, el virus se ha expandido por la región andina (Bolivia y Ecuador), estuvo a punto de arraigar en el Perú, y se ha trasladado ahora, por lo que parece, a Honduras. Formalmente legal, esta patología abre procesos de fractura ciudadana grave y acaba por pervertir elementos centrales de la institucionalidad democrática, como muestra la peripecia política y social reciente de esos países. No es raro, pues, que esta extralimitación –ilegítima, en el fondo- de los poderes presidenciales cree confrontación social e inestabilidad política. En este contexto hay que enmarcar lo que ocurre en Honduras. Lástima que las instituciones hondureñas no hayan sabido resolverlo mediante el uso pacífico de la legalidad constitucional y con los soldados en sus cuarteles. En todo caso, oír al trío compuesto por Castro, Chávez y Ortega clamar contra los golpistas mueve a la meditación filosófica sobre la paradoja como clave de análisis de las realidades sociales de nuestro tiempo.

(Publicado en Expansión, 14/07/09)

Las noticias sobre tramas de corrupción política alimentan últimamente las primeras de los periódicos. Cuando se habla tanto de un asunto, éste empieza a coexistir con nuestras vidas y se nos va volviendo tan familiar como la tostada del desayuno o la caravana del fin de semana. Si, además, la cosa presenta -como ocurre con los ya famosos trajes del presidente valencianoribetes a medio camino entre lo hortera y lo ridículo, acabamos por convertirlo en materia de chismorreo distendido.

No seré yo quien, con la que cae, le ponga peros a nuestra arraigada costumbre de tratar con humor los temas más serios. Me parecería grave, eso sí, que la costumbre, la familiaridad o el cachondeíto fino acabaran por hacernos olvidar lo que hay detrás de cada historia concreta, de las muchas que pueblan el anecdotario corrupto de estos meses. En realidad, estamos ante una seria amenaza a la calidad de nuestra vida pública, que no debiera ser subestimada.

La corrupción -corruptio optimi pessima, sentenciaba San Gregorio Magnotiene el poder de convertir lo mejor en lo peor, subvirtiendo de golpe la categorización moral de las personas y las instituciones. Esa insidiosa capacidad no ha cambiado desde la patrística del siglo VI a nuestros días, y no se funda en criterios cuantitativos. No hay, en este punto, diferencia entre venderse por la eterna juventud, como Fausto, o hacerlo por un traje. Es el hecho de ponerse en venta lo que cuenta. Cuando el escenario es la política, esa transacción deshilacha el tejido del que está hecho, en las democracias el contrato social, aquél que nos mueve a transferir a otros la facultad de gobernarnos.

La corrupción destruye sobre todo la confianza, ingrediente básico del capital social de las comunidades políticas. No sólo envilece a quien la practica, sino que se contagia con rapidez, dentro y fuera de las propias filas. Por eso, cuando los políticos utilizan en el debate público, de forma partidista, la corrupción del adversario, apedrean también su propio tejado: la corrupción de cualquier político tiende a convertirse progresivamente en la corrupción de los políticos, en la corrupción de la política como modo de vida y en la corrupción de la legitimidad de la política para gobernarnos a todos. Sería diferente si comenzaran por mirar bajo las propias alfombras, y a actuar con ejemplaridad. Casos clamorosos de enriquecimiento inexplicable de militantes que ejercen cargos de responsabilidad son ignorados -tolerados, en realidadhasta que, si es el caso, se vuelven de notoriedad pública. Pero ¿recuerdan algún caso de corrupción política destapado en los últimos años desde la propia dirección del partido afectado.

En realidad, se equivocan gravemente, porque, como muestran algunos episodios de la llamada trama madrileña, esa tolerancia corroe los nexos de afiliación y socava la unidad interna de las organizaciones. Y es que, como recordaba hace poco en ESADE la profesora Adela Cortina, "los valores unen mucho más que la corrupción".

La crisis ha puesto de moda, quién lo iba a decir, al Estado. La reentronización de Keynes ha convertido casi en freakies a quienes se atreven a objetar los estímulos fiscales masivos temiendo las consecuencias del endeudamiento a largo plazo. Las ayudas a sectores en crisis gozan de una buena prensa inconcebible hasta hace bien poco. No se encuentra, aunque sea para animar los debates, a defensores de la capacidad autorregulatoria de los mercados. Las mismas voces que proclamaban que el Estado no era la solución sino el problema y resaltaban los fallos de las burocracias públicas o los efectos desincentivadores de los programas sociales y el gasto público, defienden hoy, con algo parecido al furor del converso, lo contrario. Un amplio consenso atribuye, con razón, a los poderes públicos un papel protagonista en la organización de la vida económica de las sociedades. Parece, pues, buen momento para reflexionar sobre el guión que, entre todos, hemos construido para el Estado, e interrogarnos sobre su capacidad efectiva para asumirlo. Es un guión que exige un actor versátil ya que integra cuatro papeles entrelazados pero diferentes. 

El primero de ellos es el de regulador. Es imprescindible para asegurar la competencia en los mercados y para protegernos de las externalidades negativas de ciertas actividades económicas. Ha crecido últimamente por el efecto combinado de las privatizaciones en sectores estratégicos y la aparición de nuevos riesgos sanitarios, medioambientales, etc. Algunos de los episodios más conocidos de la crisis, como el caso Madoff, han mostrado la debilidad e incompetencia, en este punto, de algunas agencias estatales norteamericanas. La mirada anuestro sistema público nos descubre un panorama con puntos fuertes –el sistema financiero– y débiles –la energía o las telecomunicaciones, por ejemplo–. Esas debilidades revelan déficits de independencia, profesionalidad y transparencia de los organismos reguladores. Por otra parte, los agentes económicos han denunciado, a menudo con razón, la descoordinación, falta de agilidad y sobrecarga burocrática en el diseñoymanejo de controles administrativos situados en los diferentes niveles de gobierno. 

El segundo papel es el de gestor. Teniendo en cuenta que el gasto público agregado supera en España el 40% del PIB (y subiendo), parece crucial cerrar la brecha negativa de productividad entre el sector público y el privado (4,7% del PIB), y entre nuestro sector público y los de nuestro entorno europeo más próximo (más del 5% del PIB). Para producir servicios públicos mejores y a menor coste, la carencia fundamental es de management. Habría que fortalecer la musculatura gerencial del Estado, dotando a las organizaciones públicas de capacidad directiva. Zonas completas de nuestro sistema público –piénsese, por ejemplo, en la red pública de centros educativos– carecen de esa capacidad. La creación de una dirección pública profesional, alejada por igual de la colonización partidista y el burocratismo funcionarial, parece imprescindible. 

El tercer papel es el de empleador. Más de tres millones de personas, según la última EPA, perciben un sueldo del Estado. Tal volumen justificaría, por sí solo, una atención social preferente. Cualquier exploración constataría cómo rígidas regulaciones de personal pensadas en su día para la administración de la justicia, los tributos o las licencias se han extendido con el tiempo, disfuncionalmente, a servicios como la educación, la sanidad o las políticas activas de empleo. Descubriría, además, que el empleo público alberga el único sindicalismo de enfrentamiento que queda ya en nuestra sociedad, lo cual, sumado a la debilidad patronal de los gobiernos, ha producido unas relaciones laborales claudicantes que multiplican esa rigidez. Las consecuencias sobre el esfuerzo, el rendimiento, la motivación y la mejora profesional de nuestros empleados públicos son, en promedio, las que cabría imaginar. El cuarto y último papel es el que contempla al Estado como socio. En las últimas décadas, el espacio de colaboración entre los sectores público y privado no ha hecho sino ampliarse, y abarca hoy campos tan diversos como la provisión de servicios a las personas (ley de dependencia, por ejemplo), la financiación de infraestructuras o la promoción económica de los territorios. A los gobiernos y sus organizaciones, un buen desempeño de este papel les exige convertirse en compradores –y pagadores– más transparentes y fiables, en controladores menos vulnerables de la actividad externalizada al mercado, en promotores más efectivos del emprendimiento y en impulsores de modelos post-burocráticos de gobernanza que, sin merma del interés general, sepan aprovechar el potencial de las empresas y las organizaciones sociales. 

La decepción llega, pues, cuando, con este guión en la mente, contemplamos al Estado que tenemos. Imaginábamos aun Clooney o un Bardem, pensando en el glamur recuperado y la difícil complejidad del papel, y nos encontramos a un maduro de gesto premioso, metido en un traje pasado de moda, cuyos michelines denotan años de descuido y sedentarismo. Y es que esa sociedad nuestra que ahora redescubre la centralidad de lo público es la misma que lleva décadas despreocupada de la tarea de mantener lo público en forma. Empezando por nuestros gobernantes, para la mayoría de los cuales la maquinaria administrativa de sus gobiernos -la fábrica, podríamos decir, con la que producen- oscila habitualmente entre lo esotérico de las galaxias desconocidas y lo prohibido de las aventuras imposibles. Urge, sí, poner al Estado en forma, aplicar a las estructuras, el empleo y los procedimientos de muchas organizaciones públicas la dieta y el fitness que precisan. Necesitamos al Estado para salir de la crisis, pero a un Estado con menos grasa y más músculo.

Con más de cuatro millones de parados, a nadie puede sorprender que quienes nos gobiernan anden preocupados por frenar el deterioro del clima social. Algunas de las noticias que llegan, en este sentido, de Francia, no son un buen presagio. El problema es que si las fórmulas que se eligen para hacerlo no son las correctas, podemos acabar remando todos en una dirección que no es la que nos sacará de esta crisis. Aparentemente inocua, la política de paños calientes tiene a veces efectos secundarios bastante nocivos. Así puede ocurrir con la selección de las políticas públicas, del todo imprescindibles, destinadas a extender la protección social a los más vulnerables, esto es, a aquéllos que agotaron o carecen de la prestación por desempleo. La prioridad es clara, pero ¿deben aplicarse los fondos públicos -como está ocurriendo en algunas comunidades autónomas y municipiosa contratar directamente a parados para actividades redundantes, semificticias o de nulo valor añadido, destinadas básicamente a reinsertarlos en el ciclo del subsidio estatal Seamos conscientes de que la tranquilidad social se consigue, de este modo, con altos costes de oportunidad: los de las políticas activas, de apoyo ala innovación y de potenciación del capital humano que dejarán de impulsarse por falta de recursos. l Más peligrosa aún puede ser la obsesión por evitar el conflicto social. Cuando alguien da muestras de querer eludirlo a cualquier precio, algún otro pone ese precio, y acostumbra a ser caro. Ésa es la música que suena en la reciente decisión de la comisión delegada de asuntos económicos del Gobierno por la que se autoriza a las empresas públicas una subida salarial hasta el 3,37 por ciento. ¿De verdad está el horno de la economía para esos bollos ¿Cómo compatibilizar tanta generosidad del Gobierno cuando actúa como patronal pública con las palmaditas en la espalda de los trabajadores de SEAT de Martorell, sometidos -ellos sía la lógica implacable de la competencia La política de no confrontación con los sindicatos puede ahondar la brecha social entre los trabajadores del sector público y quienes, extramuros de la fortaleza estatal, soportan todo lo que está cayendo. Late en estas políticas una cierta visión conservadora y defensiva frente a la crisis, como si la cosa consistiera en esperar a que escampe sin mojarnos más de la cuenta, y no nos exigiera tomar la iniciativa del cambio en aquellos aspectos del modelo económico que lo precisan. "No podemos desaprovechar las oportunidades que nos brinda la crisis" es el discurso recurrente, en estos cien días, en el entorno de Obama. Entre nosotros, en cambio, las invectivas al gobernador del Banco de España y la renuncia a las reformas de fondo -educación, mercado laboral, pensiones, administración públicasuenan a otra cosa, y no es, precisamente, a liderazgo. Es como el automovilista que estuviera gastándose el dinero en parches cuando sabe que lo que necesita, en realidad, es cambiar la rueda.