La primera fase de las negociaciones del Brexit cerrada en diciembre, había dejado como cabo suelto nada menos que las normas aplicables a la frontera irlandesa. Los británicos improvisaron a última hora la fórmula de «alineamiento regulatorio», una hoja de parra para seguir adelante.

Esta semana el negociador comunitario, Michel Barnier, ha presentado un borrador de divorcio en el que incluye la opción más lógica, mantener el libre comercio y la unión aduanera en la isla. El problema para los partidarios del Brexit duro es que, si triunfan sus planes de desconexión del mercado europeo, se crearía una frontera económica interior en el Mar de Irlanda. Pero para el gobierno irlandés no puede haber otra solución que la porosidad con el territorio del Norte, porque está en juego el acuerdo de paz de Viernes Santo, asentado en la premisa de la libre circulación.

El Ejecutivo de Dublín, no obstante, también es consciente de las ventajas del Brexit duro, al convertirse Irlanda en el país favorito de entrada en el mercado europeo de muchas empresas hasta ahora asentadas en Gran Bretaña. Esta piedra irlandesa en el zapato debería servir a Theresa May para atemperar los planes de ruptura. Hoy presenta en Londres su enésima estrategia de negociación, en la que rectifica y admite el derecho de residencia permanente de los continentales que lleguen al Reino Unido en el período transitorio.

Los laboristas no acaban de ayudar a May, cada vez más dispuesta a impedir el salto al precipicio que promueven sus rivales conservadores. Jeremy Corbyn por fin ha dicho que está a favor de que su país siga formando parte de la unión aduanera, lo que facilitaría la libre circulación de mercancías. Además, los acuerdos comerciales de la UE, muchos impulsados en su día por Londres, seguirían beneficiando a los británicos. Pero el dirigente laborista vive preso de sus tics izquierdistas y condiciona la unión aduanera a poder otorgar sin límites subsidios y ayudas de estado. Es todavía peor que lo que pide cualquier conservador antieuropeo, porque rompe el principio de libre competencia, sin el cual no existiría la UE.