Se trataba de atender al deterioro evidente en las grandes vías de comunicación, distribución de agua, electricidad y redes de fibra óptica del primer país del mundo, al mismo tiempo que se estimulaba la economía con dinero público y se creaban miles de puestos de trabajo. Cualquiera que viaje por Estados Unidos se sorprende del mal estado en muchos lugares de las carreteras, puentes, trenes o túneles. Este déficit inversor es reconocido tanto por republicanos como por demócratas. Al principio del segundo año de mandato de Trump, sin embargo, se vislumbra un plan mucho menos ambicioso, sin un consenso bipartidista y con contornos muy borrosos. Siguiendo el modus operandi de la actual Casa Blanca, se han enunciado sus principios y se insta al poder legislativo, los republicanos, a desarrollar esta propuesta.

Pero ya sabemos que dicho plan contará solo con un 15% de inversión pública a diez años y el resto serán incentivos y beneficios fiscales para que la inversión privada y los Estados y gobiernos locales sumen el 85% restante, hasta los 15.000 millones de dólares. No se especifica cómo se financiará esta nueva fuente de gasto público, más allá de permitir más autopistas de peaje y de sugerir que se subirá el precio de la gasolina. También se anuncia que habrá una eliminación de trabas burocráticas y una profunda desregulación del derecho administrativo y ambiental, algo que ha hecho saltar las alarmas de los demócratas.

Muchas empresas españolas de infraestructuras siguen con máxima atención este proyecto, porque son líderes globales en sus sectores. Pero la combinación de proteccionismo con la racanería del plan lleva a estas empresas españolas a rebajar sus expectativas. Todo esto al mismo tiempo que el déficit y la deuda pública en EE UU se elevan, por consenso republicano y demócrata, hasta tres trillones, un endeudamiento histórico que hace saltar por los aires los intentos de crear una cultura de disciplina fiscal.

Solo algunas voces aisladas entre los conservadores critican el alejamiento tan evidente de la ortodoxia conservadora. Donald Trump, que en su etapa empresarial declaró «amo a la deuda», ha decidido aprovechar la buena situación económica del país para aumentar el gasto militar, pulverizar el presupuesto destinado a diplomacia, reducir el gasto social y hacer una gran rebaja de impuestos que favorece sobre todo a las empresas (especialmente las del sector de dónde él todavía opera, el inmobiliario) y a las rentas más altas. Nadie puede predecir si su poco meditado plan económico dará buenos resultados. En Washington el consenso es que parece más probable que favorezca la victoria demócrata en las elecciones legislativas este otoño y dificulte su reelección en 2020.